La inflación y la volatilidad de los combustibles siguen golpeando el transporte en República Dominicana. Aunque el Gobierno mantiene subsidios para evitar aumentos mayores en los precios de los carburantes, la realidad es que el costo de movilizarse continúa subiendo y afecta directamente a miles de ciudadanos que dependen del transporte público y de las plataformas digitales.
En ese escenario llega ahora el anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de aplicar el 18 % de ITBIS a plataformas digitales como Uber, DiDi e inDrive. La medida busca que estas empresas paguen impuestos por los servicios que ofrecen en el país, algo que en términos legales y tributarios es correcto.
No se puede negar que República Dominicana necesita aumentar sus recaudaciones y adaptar sus normas a la economía digital. Tampoco es justo que empresas que generan ganancias en el país operen sin las mismas obligaciones fiscales que otros negocios.
Pero aunque la medida tenga lógica desde el punto de vista fiscal, el problema es el momento en que llega. El consumidor dominicano ya enfrenta aumentos en alimentos, electricidad, transporte y servicios básicos. Aplicar ahora un 18 % adicional a plataformas de transporte terminará impactando directamente al usuario, porque ese costo no lo absorberán las empresas, sino quienes usan el servicio diariamente.
Para muchos ciudadanos, estas aplicaciones no son un lujo. Son una necesidad ante las deficiencias del transporte tradicional, la inseguridad o la falta de rutas eficientes. Por eso, cualquier aumento en las tarifas representa otro golpe al bolsillo.
Lo mismo ocurrirá con plataformas de entretenimiento como Netflix, Spotify y Disney+, cuyos precios también subirían con la aplicación del ITBIS.
Deben hacerlo, sí. El tema ahora es cómo aplicar estas medidas sin seguir cargando al ciudadano en medio de una economía presionada por la inflación y el alto costo de vida. Porque al final, cada nuevo impuesto termina llegando al mismo destino: el bolsillo del consumidor.
