La minería ilegal en Ecuador sigue creciendo mientras el sistema judicial enfrenta serios problemas para sancionar a los responsables. Según la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y 2025 se registraron 1.654 denuncias por delitos mineros, pero el 69,5% de casos sigue en investigación previa, y solo 34 terminaron en sentencias condenatorias (Fiscalía, 2025).
En contraste, 275 denuncias fueron archivadas y en 69 procesos los acusados fueron sobreseídos. Solo en 2025 se registraron 393 denuncias, frente a las 249 de 2021. El delito más común es la actividad ilícita de recursos mineros, con 388 denuncias solo en 2025.
“La razón para tan pocos resultados es la dificultad para seguir los procesos sin que haya personas detenidas”, explicó el abogado especializado en minería, Stevie Gamboa.
Minería ilegal en zonas de concesiones formales
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) también recibe cientos de amparos administrativos por parte de empresas con concesiones afectadas por minería ilegal. Sin embargo, muchos trámites quedan archivados por lentitud institucional. “En muchos casos, cuando la Agencia llega, los mineros ilegales ya se han ido”, señala Gamboa.
Hasta diciembre de 2025, uno de los requisitos para presentar amparos era identificar con nombre a los causantes, lo cual dificultaba aún más el proceso. Ese requisito fue eliminado mediante decreto ejecutivo.
Provincias más afectadas
Zamora Chinchipe, Loja y Napo concentran el 62,5% de todas las denuncias de 2025. En Zamora Chinchipe, donde operan las únicas dos minas industriales a gran escala del país —Mirador y Fruta del Norte—, la actividad ilegal se desarrolla paralelamente en al menos 10 puntos críticos.
En Napo, colectivos como Napo Ama la Vida denuncian que la minería ilegal ha contaminado ríos como el Jatunyacu y el Anzu con mercurio, afectando a comunidades indígenas. “Los niños tienen problemas en la piel, ya no se puede usar el agua de los ríos”, afirma José Moreno, activista ambiental.
La situación se agrava con la presencia de grupos armados como Los Lobos y Los Choneros, quienes ahora controlan zonas mineras ilegales en Napo.
El desafío continúa
La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en una amenaza ambiental, social y judicial. Mientras las autoridades no logren acciones más efectivas, las comunidades seguirán sufriendo las consecuencias y los delitos quedarán impunes.
