La actividad minera registró un crecimiento de 7.7% durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía en ese período. Este desempeño supera el crecimiento promedio de la economía dominicana, ubicado en torno a 4.1%, según cifras preliminares de actividad económica, lo que evidencia un mayor ritmo de expansión del sector extractivo frente al resto del aparato productivo.
De acuerdo con declaraciones del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el sector ha mostrado un desempeño sostenido que se refleja tanto en su crecimiento económico como en su aporte fiscal.
En términos de impacto fiscal, la minería ha mostrado un salto significativo en los últimos años. La industria aportó RD$18,000 millones al fisco en 2024, cifra que casi se duplicó en 2025 al alcanzar RD$45,000 millones, consolidándose como una fuente relevante de ingresos públicos en medio de la incertidumbre internacional.
El sector también mantiene un papel clave dentro del comercio exterior, con exportaciones que superaron los US$2,500 millones en 2025, impulsadas principalmente por el oro como principal producto de exportación. Este comportamiento refuerza su rol dentro de la estructura productiva nacional, donde representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 7% del producto industrial.
El sector minero continúa fortaleciendo su peso dentro de la economía dominicana, con un desempeño marcado por el aumento sostenido de sus aportes fiscales, su dinamismo productivo y su creciente participación en la inversión extranjera directa, en un contexto internacional de volatilidad económica.
En materia de inversión, el renglón de energía y minas continúa atrayendo capital extranjero. Durante el primer trimestre de 2026, el sector concentró aproximadamente el 40% de la inversión extranjera directa, consolidándose como uno de los principales motores de expansión económica y generación de empleo.
Este desempeño responde también al carácter contracíclico de la minería, que le permite mantener niveles de producción y aportes incluso en escenarios de desaceleración global, contribuyendo a la estabilidad de las finanzas públicas y al flujo de divisas.
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La licencia social no se compra
Sin embargo, pese a su crecimiento sostenido, persisten desafíos asociados a la aceptación social y a las preocupaciones ambientales vinculadas a la actividad extractiva. Las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer modelos de minería responsable, con mayor transparencia, supervisión ambiental y beneficios más directos para las comunidades cercanas a los proyectos.
En los últimos cinco años, varios proyectos mineros han generado fuertes episodios de rechazo social en distintas zonas de República Dominicana, donde comunidades, organizaciones ambientalistas, productores agrícolas, iglesias y movimientos ciudadanos han protagonizado huelgas, marchas y manifestaciones en defensa de los recursos naturales y las fuentes de agua.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia San Juan, donde miles de personas se movilizaron contra el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining. Bajo consignas como “Agua sí, oro no”, comunitarios realizaron marchas, huelgas y protestas denunciando posibles impactos sobre la presa de Sabaneta, los ríos de la Cordillera Central y la producción agrícola de la provincia. Las manifestaciones llegaron a paralizar actividades comerciales y educativas, mientras diversos sectores sociales —incluyendo médicos, maestros, agricultores y comerciantes— expresaron su rechazo a la explotación minera en la zona. La presión social llevó al presidente Luis Abinader a ordenar recientemente la paralización de las actividades vinculadas al proyecto.
Otro de los principales focos de conflictividad minera se mantiene en Cotuí y comunidades cercanas a la mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold y Newmont. Desde hace varios años, residentes y organizaciones ambientales han denunciado contaminación de ríos, afectaciones agrícolas y problemas asociados a la construcción y expansión de depósitos de relaves. Las protestas se intensificaron entre 2021 y 2025 con marchas multitudinarias y reclamos contra los procesos de reasentamiento de familias campesinas en zonas como El Naranjo y Zambrana. Comunitarios han cuestionado las compensaciones ofrecidas y advierten sobre posibles riesgos ambientales derivados de la expansión minera.
En Monte Plata y Yamasá también se registraron movilizaciones contra proyectos asociados a la expansión de operaciones mineras vinculadas a Barrick Gold. Organizaciones comunitarias y ambientalistas denunciaron posibles impactos sobre acuíferos, producción agrícola y ecosistemas de la zona, mientras reclamaban mayor transparencia en los estudios ambientales y en los procesos de consulta pública. Algunas protestas fueron dispersadas por agentes policiales, aumentando las tensiones entre las comunidades y las autoridades.
Los conflictos mineros en República Dominicana han estado marcados principalmente por preocupaciones relacionadas con el acceso al agua, la contaminación ambiental, la reubicación de comunidades rurales y la falta de confianza en los mecanismos de supervisión estatal. Diversos movimientos sociales sostienen que la minería metálica representa riesgos para la agricultura, principal sustento económico de muchas provincias del interior del país.
El debate en torno al proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, se convirtió recientemente en un punto de tensión entre el desarrollo de la actividad extractiva y la oposición comunitaria.
El Gobierno dispuso la suspensión del proyecto mientras se encontraba en fase de evaluación ambiental, sin autorización para su explotación, en medio de cuestionamientos sociales sobre su impacto en la zona.
En paralelo, el sector minero opera bajo un marco regulatorio considerado desactualizado, ya que la legislación vigente data de 1971.
Las autoridades han planteado la necesidad de una reforma que modernice los procesos de aprobación, refuerce la supervisión ambiental y establezca mecanismos más claros de distribución de beneficios hacia las comunidades.
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