El Poder Ejecutivo sometió al Senado un anteproyecto que modifica la Ley 160-21, que creó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), con el propósito de fortalecer la regulación del sector construcción, ampliar las sanciones a las irregularidades y garantizar mayor seguridad en las edificaciones del país.
Aunque el documento oficial aún no ha sido difundido, el MIVED adelantó que la iniciativa busca modernizar el marco legal vigente, incorporando nuevas herramientas de control y armonizando la ley con otras normas de planificación territorial y seguridad estructural.
Uno de los principales cambios propuestos es la creación del Certificado de Habitabilidad, un documento que confirmará que una vivienda o edificio cumple con los requisitos técnicos y de seguridad antes de ser ocupado.
En la legislación actual, ese control no está contemplado de manera explícita, por lo que la verificación del cumplimiento de las normas suele limitarse a la etapa de construcción y no a la ocupación de la edificación.
Con esta modificación, el Ministerio tendría la facultad de inspeccionar las obras una vez concluidas y emitir el certificado solo cuando los estándares estructurales, eléctricos, ambientales y de accesibilidad estén garantizados. Según explicó el ministro de Vivienda, la medida busca evitar tragedias derivadas de fallas constructivas y promover una cultura de prevención.
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Más sanciones y mayor capacidad de fiscalización
La ley vigente otorga al Mived funciones de planificación, ejecución y supervisión de obras públicas, pero limita su capacidad sancionadora frente a incumplimientos del sector privado.
El anteproyecto plantea ampliar el catálogo de infracciones y sanciones, con el fin de penalizar desde el incumplimiento de licencias hasta la manipulación de planos o la ejecución de obras sin supervisión técnica.
También se propone que el Ministerio de la Vivienda pueda emitir reglamentos técnicos de manera más ágil, sin depender de procesos legislativos extensos, lo que permitiría actualizar los estándares de seguridad ante nuevos materiales o tecnologías constructivas.
Lo que dice la ley actual
Promulgada el 16 de agosto de 2021, la Ley 160-21 define al Mived como el órgano rector de las políticas habitacionales, la planificación urbana y la supervisión de edificaciones públicas y privadas. Entre sus atribuciones están formular políticas de vivienda, regular el ejercicio profesional vinculado al sector y gestionar proyectos habitacionales del Estado.
Sin embargo, la norma no contempla el Certificado de Habitabilidad ni un régimen sancionador propio, dejando esas competencias dispersas entre otras instituciones.
Tampoco detalla los procedimientos para garantizar que una obra privada cumpla con los parámetros técnicos establecidos.
Una ley para un país que construye sin pausa
El auge del sector construcción ha impulsado el desarrollo urbano en todo el país, pero también ha puesto en manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa sobre la calidad de las edificaciones. Con las modificaciones propuestas, la institución busca pasar de ser un ente administrativo a uno más preventivo y regulador, capaz de actuar desde la planificación hasta la etapa final de uso de las obras.
El Ministerio ha señalado que los ajustes permitirán alinear la Ley 160-21 con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, y con los reglamentos técnicos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Próximos pasos en el Congreso
El anteproyecto fue depositado en el Senado de la República y será analizado en las comisiones correspondientes antes de su debate en el Pleno. De aprobarse, marcaría un nuevo capítulo en la gestión del Mived, con una visión centrada en la seguridad de las familias, la transparencia del sector y la responsabilidad técnica de quienes construyen el país.
El anteproyecto fue entregado al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, quien estuvo acompañado por el viceministro de Hábitat, Ney Rafael García Rodríguez, y la directora de Comunicaciones del Mived, Patricia Tolentino.
También estuvieron presentes el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, los senadores Rafael Barón Duluc (La Altagracia) y Antonio Taveras Guzmán (provincia Santo Domingo), así como el consultor jurídico del Senado, Alejandro Peña Núñez.
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