Santo Domingo. – Durante mi gestión como Director de Combustibles, tuve la responsabilidad de analizar meticulosamente las entrañas de nuestra matriz energética y las fluctuaciones de un mercado de hidrocarburos que impacta cada aspecto de la vida nacional. Desde esa posición de observación estratégica y toma de decisiones, he llegado a una convicción ineludible que es indispensable la introducción del etanol como componente oxigenante en nuestras gasolinas ya no es una alternativa teórica, sino una necesidad imperiosa y aplazada para la República Dominicana. Hoy operamos bajo normativas que, en términos de control de emisiones, acusan un rezago estructural asimilable a un estándar Euro 0, mientras que las tendencias globales exigen regulaciones muy superiores. Aunque las gasolinas que circulan en nuestro mercado superan las exigencias, existe un margen crítico de optimización, particularmente en la necesidad de reducir los niveles de benceno, que promedian un 1.34% frente a las exigencias internacionales menores al 1%.
La realidad de nuestro entorno nos exige acciones inmediatas. Contamos con un parque vehicular de aproximadamente 5.8 millones de unidades, caracterizado por una preocupante edad promedio de 16 años y una composición donde el 56.5% son motocicletas. Esta configuración amplifica drásticamente el riesgo de emisiones tóxicas si no intervenimos la calidad del combustible desde su origen. Integrar la molécula de etanol sustituye de manera eficiente y costo-efectiva aquellas fuentes de octanaje que son altamente contaminantes. Se ha demostrado que entre el 60% y el 65% del material particulado resulta directamente de la oxidación de hidrocarburos aromáticos. Al adoptar un estándar de mezcla al 10% (E10), lograríamos una contracción significativa en las emisiones de compuestos volátiles peligrosos y consolidaríamos un ahorro anual proyectado de 3.6 millones de toneladas de CO2. En términos prácticos, este paso hacia la descarbonización equivale a retirar de circulación más de 472,000 vehículos cada año, alineándonos firmemente con nuestro compromiso del Acuerdo de París de reducir los gases de efecto invernadero en un 25%.
Más allá del innegable impacto ambiental, el aspecto económico de esta transición es igualmente contundente. El reemplazo de componentes de alto octanaje de origen fósil por etanol propicia una disminución palpable en los costos de los precios de paridad de importación. Evaluando el comportamiento del mercado entre 2010 y 2024, el beneficio económico promedio de haber implementado E10 habría representado un ahorro de 0.276 dólares por galón para la gasolina regular y 0.277 dólares para la premium, lo que se traduce en aproximadamente 13.25 pesos dominicanos por galón. Esta retención de miles de millones de pesos en la economía nacional mitigaría significativamente las presiones sobre nuestra balanza de divisas. No estamos solos en esta ruta; naciones hermanas ya han trazado el camino con éxito. Jamaica, con un consumo estable de 22 millones de galones de etanol al año, sostiene su mezcla E10 mitigando su pesada factura petrolera. Asimismo, Bolivia, mediante una adopción escalonada que hoy alcanza el E12, ha logrado una reducción comprobada del 15% en la subvención estatal a los combustibles. Como país, tenemos frente a nosotros la oportunidad de modernizar nuestra política pública de hidrocarburos, optimizando costos y protegiendo el aire que respiramos, un paso reflexivo, pero urgente, hacia la sostenibilidad.
No obstante, la implementación de este mandato exige enfrentar barreras estructurales innegables. Nuestro sector agroindustrial, históricamente fundamentado en la caña de azúcar, presenta hoy una carencia crítica de biomasa cultivada para satisfacer de manera autónoma los volúmenes continuos que requiere un mandato E10 a nivel nacional. La infraestructura actual del campo se encuentra rezagada frente a los requerimientos de una demanda energética a gran escala, limitando nuestra capacidad de arrancar el programa dependiendo exclusivamente de la producción local.
Frente a esta realidad, es imperativo diseñar un modelo logístico mixto y de extensión. Esto implica estructurar un esquema donde se priorice e incentive la producción nacional de etanol conforme la agroindustria recupere capacidad instalada, pero respaldado estratégicamente por importaciones iniciales de mercados estables. Este modelo mixto asegura la estabilidad de la mezcla y los beneficios económicos inmediatos en surtidor, mientras sirve como catalizador seguro a largo plazo para atraer las inversiones necesarias que revitalicen nuestros ingenios y expandan la frontera agrícola sin comprometer el abastecimiento de los combustibles en el país. Como país, tenemos frente a nosotros la oportunidad de modernizar nuestra política pública de hidrocarburos, optimizando costos y protegiendo el aire que respiramos, un paso reflexivo, pero urgente, hacia la sostenibilidad.
Afortunadamente, para viabilizar este modelo y dar el paso definitivo, el país no parte de cero en materia regulatoria. Contamos con un andamiaje jurídico e institucional lo suficientemente maduro para brindar la certeza que los mercados y los inversores demandan. La existencia de la norma de calidad NORDOM 653, complementada por la visión estratégica del Decreto 65-23 y el respaldo de la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, constituyen la base legal necesaria para operativizar la mezcla. Tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de aplicar estos instrumentos, modernizando nuestra política pública de hidrocarburos para optimizar costos y proteger el aire que respiramos; un paso reflexivo, pero urgente y jurídicamente viable, hacia un futuro energético sostenible para la República Dominicana.
