El Movimiento Izquierda Unida (MIU) alertó este mIércoles sobre la grave crisis eléctrica que atraviesa la República Dominicana, la cual está impactando de manera directa la calidad de vida de la población y afectando al aparato productivo nacional.
La organización atribuyó la situación a múltiples fallas en la política eléctrica del Gobierno, señalando de manera particular a la falta de capacidad gerencial del actual administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, a quien responsabilizan de actuar “más como zar eléctrico que como un administrador transparente”.
De acuerdo con el MIU, la improvisación y la falta de planificación son las principales causas del deterioro del sistema eléctrico. Denunció que las empresas distribuidoras no responden de forma adecuada a las demandas diarias debido a la carencia de insumos claves como cables, transformadores, tuberías y medidores.
El comunicado resalta que las pérdidas eléctricas superan el 37 % y que el déficit acumulado ronda los 2,000 millones de dólares, cifras que califican de catastróficas.
El movimiento cuestionó además las declaraciones de Marranzini, quien justificó los problemas alegando un aumento de la demanda. Para el MIU, estas afirmaciones son una muestra de la incapacidad gerencial del incumbente, pues una correcta planificación debía prever el crecimiento del sector.
Compromisos incumplidos de generación
El MIU recordó que el sector privado se comprometió a incorporar este año 1,200 MW de generación térmica a base de gas natural, mediante ciclos combinados. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre del 2025 ese compromiso no se ha cumplido.
Denunció también la falta de acción de la Superintendencia de Electricidad y del CUED, quienes no han ejecutado las fianzas de fiel cumplimiento contra los inversionistas privados que han incumplido con los plazos establecidos.
Críticas al Decreto 517-25
La organización reconoció que el presidente Luis Abinader tiene razones para estar preocupado por la crisis, pero rechazó la declaratoria de estado de emergencia contenida en el Decreto 517-25, al que calificaron como una medida que refleja el fracaso absoluto de la política energética del Gobierno.
El MIU explicó que la Constitución y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones solo permiten declarar estados de emergencia en casos de calamidad pública, como pandemias o desastres naturales, lo cual no aplica en este caso.
Aseguran que el decreto abre la puerta a contrataciones “grado a grado”, como la supuesta llegada de una nueva barcaza eléctrica apenas 48 horas después de la firma del decreto, lo que podría profundizar la crisis y contradecir la política de transparencia y ética gubernamental.
Asimismo, el MIU recordó que en los últimos cinco años el sector eléctrico ha recibido transferencias por más de 5,600 millones de dólares desde el presupuesto nacional, recursos que, con una adecuada planificación, habrían evitado la crisis actual.
“El 2024 fue el peor año en la historia del sistema eléctrico, y el 2025 apunta a seguir ese mismo camino si no se toman decisiones a la altura de la problemática”, advirtió el movimiento.
Propuesta del MIU
El movimiento planteó que la crisis puede empezar a revertirse con la destitución inmediata de Celso Marranzini, de los administradores de las distribuidoras y del superintendente de electricidad.
Finalmente, llamaron a implementar una planificación técnica y gerencial adecuada, que garantice soluciones estructurales al sistema eléctrico y devuelva la confianza a la ciudadanía.
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