Durante el acto de lanzamiento oficial de la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS), su director ejecutivo Ricardo González calificó como positiva la recién aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgada, al considerar que representa un paso importante hacia una mayor transparencia, dinamismo y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Al referirse sobre los efectos de la normativa en el sector eléctrico, González afirmó que todos los procesos de contratación pública impactan a los distintos sectores productivos del país, incluyendo el eléctrico. En ese sentido, señaló que el sector ha enfrentado retrasos en la implementación de transformaciones necesarias, como consecuencia de una mala gestión en la planificación y adquisición de insumos críticos.
“Sabemos que es muy difícil que las distribuidoras adquieran transformadores, piezas o lo que necesitan, porque ha habido errores en la planificación y en la ejecución”, indicó González. Afirmó, además, que se espera que, con una mejor aplicación de la nueva ley, las empresas distribuidoras logren abastecerse adecuadamente, contar con inventarios suficientes y mejorar así el estado de las redes eléctricas del país.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la participación en los procesos de contratación del Estado se ha incrementado en un 42 %, lo que ha generado una mayor competencia entre los proveedores y ha fortalecido los principios de transparencia y acceso a la información en la administración pública.
“El crecimiento en la cantidad de ofertas recibidas es significativo. Las instituciones que antes recibían cinco propuestas por proceso, ahora reciben 50, e incluso hay casos en los que llegan a manejar entre 100 y 200 ofertas”, explicó Pimentel, al señalar que esta realidad representa un reto para las unidades de compras, que deben estar capacitadas para gestionar procesos cada vez más participativos.
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El funcionario destacó que esta mayor competencia exige también que los oferentes se profesionalicen y mejoren la calidad de sus propuestas. De las 180,564 ofertas recibidas recientemente, 1,591 fueron adjudicadas a proveedores distintos, lo que evidencia un ecosistema de contratación más dinámico y abierto. En total, 11,662 proveedores diferentes han resultado adjudicados en los distintos procesos.
Pimentel subrayó la importancia de la transparencia como principio fundamental del sistema: “Toda la información está disponible en formatos abiertos y en tiempo real. Cualquier ciudadano puede consultar los procesos publicados hoy mismo”. Además, reafirmó que no existen barreras ocultas para la adjudicación.
Finalmente, el director de Contrataciones Públicas resaltó el impulso a la producción nacional como uno de los pilares de la política pública: “Estamos promoviendo la contratación a proveedores locales como una forma de generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer el tejido productivo nacional”.
Por su lado, el abogado Francisco Álvarez Martínez expresó fuertes críticas a los aspectos penales contenidos en el proyecto de ley que regula las contrataciones públicas, señalando que podrían generar conflictos con el Código Penal vigente y abrir la puerta a interpretaciones discrecionales que comprometan la seguridad jurídica.
Durante su intervención, Álvarez advirtió que algunas conductas descritas en la nueva ley, como las falsedades en declaraciones, ya están contempladas en el artículo 145 del Código Penal, y su reiteración en una legislación distinta puede generar confusión normativa. “El derecho penal no admite reservas reglamentarias. El Código Penal no puede estar sujeto a que luego se apruebe un reglamento que describa nuevos comportamientos delictivos”, puntualizó.
El jurista manifestó su preocupación por la posibilidad de que normas administrativas o reglamentarias posteriores puedan ser utilizadas para interpretar hechos pasados y derivar consecuencias penales, algo que, según explicó, contraviene principios fundamentales del derecho penal. “Si se enjuicia un hecho a la luz de un reglamento que se emite después, eso puede generar serios problemas de judicialización retroactiva”, advirtió.
Álvarez también cuestionó la ambigüedad en la delimitación entre sanciones administrativas y penales: “Dependiendo de quién esté a cargo, se podría interpretar de manera subjetiva qué constituye una falta disciplinaria o un delito. Y eso coloca al Ministerio Público en una posición casi obligada de persecución, basada en criterios administrativos”.
Finalmente, reiteró su rechazo a la forma en que se han abordado los aspectos penales en la ley: “Las leyes penales son las únicas que deben definir los comportamientos típicos. No puede hacerse a través de textos distintos ni con descripciones vagas. Eso atenta contra la certeza jurídica”.
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