El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) presentaron una acción de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el presidente Luis Abinader y varios de sus ministros por el supuesto incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relativas a la descarbonización y la transición energética justa.
Los ambientalistas solicitan que el TSA ordene al Gobierno cumplir con el artículo 67, numeral 3 de la Constitución, el Acuerdo de París, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de incentivos a las energías renovables, que exigen el uso prioritario de energía limpia. La acción se produce tras el envío, en febrero, del acto número 51/2025 que puso en mora a los funcionarios para que respondieran sobre sus políticas energéticas.
En la solicitud figuran además del presidente, el ministro de Medio Ambiente Paíno Henríquez, el de Energía y Minas Joel Santos, el de Industria y Comercio Ito Bisonó, el director de la Comisión Nacional de Energía Edward Veras, el superintendente de Electricidad Andrés Astacio y el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático Maximiliano Puig.
El abogado Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA, señaló que aunque la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos establece un impuesto del 5% a los combustibles fósiles para promover energías limpias, el Estado ha hecho “todo lo contrario”: exonerando esos mismos combustibles a grandes corporaciones.
Por su parte, el profesor Enrique de León denunció que, pese al potencial solar y eólico del país, el 85% de la matriz eléctrica nacional se sustenta en combustibles fósiles, mientras solo un 15% proviene de fuentes renovables. Subrayó que esta proporción es la más baja de toda la región y contradice las metas del Plan Energético Nacional 2025-2038, que proyectaba alcanzar un 25% de renovables este año.
“Para vergüenza de todos nosotros, la República Dominicana es el país de toda la región con la menor cantidad de energía renovable”, enfatizó.
Los activistas también citaron como ejemplos del incumplimiento oficial la operación de Punta Catalina a base de carbón mineral, las barcazas en el río Ozama y en Los Negros de Azua, la autorización de una generadora en Las Terrenas, y los 800 megavatios a gas natural que se planean construir en Manzanillo, Montecristi.
En su declaración conjunta, Cuevas y de León lamentaron que durante los últimos cinco años han presentado múltiples propuestas y advertencias al Gobierno del PRM sin obtener respuesta. “Sólo hemos recibido el silencio y la fría indiferencia como respuesta”, expresaron.
También participaron en el depósito de la acción el líder comunitario Juan Adalberto Beltré, de Los Negros, Azua, y los abogados Marcos Rodríguez y Heidy Lorenzo, entre otros.
