El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno mantiene bajo evaluación el comportamiento del mercado internacional del petróleo y no descarta revisar los precios de los combustibles en el país si se mantiene la tendencia a la baja registrada en las últimas semanas.
El funcionario explicó que, tras la reciente tregua entre Estados Unidos, Israel e Irán, el escenario internacional continúa siendo incierto, por lo que las autoridades monitorean de forma permanente la evolución del conflicto y su posible impacto sobre los mercados energéticos antes de adoptar cualquier decisión.
Paliza indicó que las discusiones sobre el tema se realizan de manera continua para evitar que la incertidumbre afecte a los distintos sectores económicos, al tiempo que señaló que el Gobierno actuará con cautela mientras se estabiliza el panorama internacional.
En ese sentido, sostuvo que, si las condiciones actuales del mercado petrolero se mantienen, las autoridades podrían revisar los precios de los combustibles en República Dominicana. No obstante, precisó que cualquier decisión dependerá de la evolución de los factores externos que inciden en la cotización del crudo.
“Durante una entrevista en el programa El Día, el ministro señaló que el Gobierno ha destinado cerca de RD$20,000 millones al subsidio de los combustibles en lo que va del año, superando así el monto contemplado inicialmente en el presupuesto para ese concepto.”
Esta última suele leerse mejor en una nota informativa.
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Según explicó, este esfuerzo forma parte de las medidas adoptadas para proteger a los consumidores y preservar la estabilidad económica.
Respecto a los precios que regirán para la próxima semana, Paliza señaló que será el Ministerio de Industri, Comercio y Mipymes (MICM) el encargado de realizar los cálculos correspondientes y anunciar los nuevos valores, tomando en consideración las variaciones del mercado internacional y el comportamiento de la tasa de cambio.
El funcionario reiteró que el propósito del Gobierno es mantener el equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas, procurando que las decisiones sobre los combustibles contribuyan a mantener controlada la inflación y reduzcan el impacto sobre los sectores más vulnerables.
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