Desde 1972, la Ley 317-72 estableció una regla tan básica como trascendental: en Santo Domingo de Guzmán y Santiago de los Caballeros, las estaciones de combustibles deben ubicarse a 700 metros unas de otras y a no menos de 200 metros de escuelas, hospitales, iglesias y parques.
En otras palabras, la ley buscó evitar escenas que hoy resultan comunes: una bomba de gasolina pared con pared con un colmado, un supermercado, un local de comida rápida… o incluso frente a una escuela donde cada mañana coinciden niños, padres y vehículos.
Para entender la distancia, basta un ejemplo:
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700 metros equivalen a casi siete cuadras completas en sectores como Naco o Los Jardines; es la distancia entre cruzar varias esquinas, no simplemente “al frente” o “al lado”.
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200 metros es aproximadamente el trayecto de dos esquinas, como caminar desde la entrada de un parque hasta la mitad de la avenida que lo bordea.
Cuando la ley se aprobó hace más de cinco décadas, respondía a un problema urgente: la proliferación desordenada de expendios de gasolina en medio de zonas residenciales, muchos a solo pocos pasos de viviendas o negocios. Era común ver estaciones colindando directamente con talleres, bares, panaderías o centros educativos, una combinación peligrosa ante la presencia constante de vehículos, combustibles inflamables y alto tráfico.
La norma nació para proteger la rutina diaria: que una bomba no quedara literalmente cruzando la calle de una escuela, que un hospital no conviviera con camiones descargando combustible, que un parque no se viera rodeado de mangueras, tanques y vehículos pesados.
Su propósito era —y sigue siendo— asegurar que el crecimiento urbano no comprometa la seguridad de los barrios ni la tranquilidad de quienes viven, estudian o transitan en ellos.

A más de cinco décadas de su promulgación, la Ley 317-72 sigue siendo la referencia oficial para la ubicación de estaciones de servicio, aunque el contexto urbano ha cambiado drásticamente, con expansión de barrios residenciales, incremento del parque automotor y nuevos espacios públicos.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) no ha emitido resoluciones que actualicen las distancias o criterios, mientras que la fiscalización recae en las oficinas de Planeamiento Urbano y las municipalidades, según la normativa vigente.
Cerca del 85% de la población reside en zonas urbanas
República Dominicana vive un proceso acelerado de urbanización: hoy cerca del 85 % de la población reside en zonas urbanas, una marcada alza comparada con décadas anteriores. Esta transformación demográfica refleja el éxodo del campo hacia las ciudades, y una concentración creciente en áreas metropolitanas y municipios; en la región Ozama —que incluye la capital y su área metropolitana— vive cerca del 35.3 % del total nacional.
Entre 2020 y 2023 la población urbana continuó creciendo: en 2023 se estimó en aproximadamente 9.57 millones de personas. Este aumento implica demandas cada vez mayores sobre servicios públicos, vivienda, transporte, infraestructura y ordenamiento territorial, desafíos que requieren planificación urbana rigurosa para garantizar calidad de vida.
Este cambio estructural refleja además una transformación social: lo que décadas atrás comenzó como una migración rural-urbana inevitable, hoy se consolida como urbanización sostenida. Las estadísticas de la ONE muestran que más que un fenómeno puntual, este crecimiento urbano configura un nuevo rostro del país —uno donde la ciudad concentra población, oportunidades, desafíos y la necesidad de políticas públicas adaptadas a su dimensión.
La combinación de distancias mínimas, tamaño de solares y prohibiciones en avenidas principales constituye la herramienta legal existente para proteger a la ciudadanía, aunque su aplicación requiere supervisión más estricta y, posiblemente, modernización.
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Distancias mínimas y requisitos

De acuerdo con el Compendio de Normativas de Combustible del MICM, los requisitos de la Ley 317-72 determinan las dimensiones mínimas de los solares, la separación entre estaciones y la distancia de los espacios públicos sensibles, como escuelas, hospitales y parques.
- Cada estación debe ocupar solares de 50 metros lineales en su lindero menor, o 40 metros en municipios que no sean cabeceras de provincia.
- Ninguna estación puede erigirse a menos de 200 metros de edificios o lugares de uso público en Santo Domingo y Santiago, o 125 metros en otras ciudades del interior del país.
- Prohibida la instalación de estaciones en las avenidas y calles principales de las zonas residenciales.
- Las oficinas de Planeamiento Urbano tienen la facultad de definir, mediante avisos públicos, cuáles son las calles afectadas por la prohibición.
Sanciones por incumplimiento
- Multas de RD$100 a RD$500 o prisión de 2 a 6 meses, o ambas sanciones combinadas.
- Posibilidad de demolición de cualquier construcción levantada en violación de la ley.
Vigencia y relevancia actual
A pesar de tener 53 años de vigencia, la Ley 317-72 sigue siendo la norma oficial que regula la instalación de estaciones de gasolina en el país. Hasta el momento, el MICM no ha publicado resoluciones que modifiquen las distancias mínimas, por lo que su cumplimiento en la actualidad solo podría verificarse mediante un levantamiento técnico o sondeo oficial.
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