El Defensor del Pueblo propuso la creación de una Mesa Técnica Nacional de Responsabilidad Civil por Daños a Infraestructura de Servicios Esenciales, con el propósito de establecer un mecanismo obligatorio que permita recuperar los costos ocasionados por conductores que destruyen postes, transformadores, semáforos, luminarias, puentes y otras infraestructuras públicas durante accidentes de tránsito.
La iniciativa coincide con las crecientes pérdidas que enfrentan las empresas distribuidoras de electricidad por los daños ocasionados a sus redes. Solo Edenorte informó recientemente que ha destinado RD$3,381,665.44 para reparar la infraestructura eléctrica destruida por accidentes de tránsito registrados en distintas provincias del Cibao.
Las estadísticas de la empresa indican que fue necesario reemplazar 47 postes, instalar 2,010 metros de redes de media y baja tensión y sustituir tres transformadores para restablecer el servicio eléctrico en comunidades afectadas.
Santiago y San Francisco de Macorís concentraron los mayores costos de reposición.
En Santiago fueron sustituidos 14 postes, dos transformadores y más de dos kilómetros de tendido eléctrico, con una inversión superior a RD$1.1 millones.
Mientras tanto, en San Francisco de Macorís los daños a 13 postes representaron gastos cercanos a RD$1.12 millones.
También se reportaron pérdidas en La Vega, Mao y Puerto Plata, donde los accidentes obligaron a reconstruir parte de la infraestructura eléctrica.
Las aseguradoras no cubren la mayoría de los daños
Edenorte explicó que, aunque los daños son ocasionados por terceros, en la mayoría de los casos la empresa termina asumiendo completamente los costos de reparación debido a que no existen mecanismos efectivos para recuperar esos recursos y muchas pólizas de seguros no cubren este tipo de afectaciones.
Además del impacto económico, estos accidentes provocan interrupciones del servicio eléctrico que afectan hogares, comercios, industrias, centros de salud y otras instalaciones esenciales.
La propuesta del Defensor del Pueblo contempla la creación de un protocolo interinstitucional que active automáticamente un expediente de reclamación cada vez que un accidente provoque daños a infraestructura pública.
El procedimiento incluiría postes eléctricos, transformadores, semáforos, luminarias, barandas de protección, puentes y cualquier otro bien perteneciente al Estado o a empresas prestadoras de servicios esenciales.
El mecanismo iniciaría con el levantamiento obligatorio del acta por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), identificando al conductor, propietario del vehículo y la póliza de seguro correspondiente.
Posteriormente, la aseguradora asumiría el pago de los daños cuando exista cobertura.
En los casos en que el vehículo carezca de seguro o la póliza resulte insuficiente, se iniciaría un proceso de recobro directamente contra el patrimonio del responsable civil, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan.
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Instituciones que participarían
El Defensor del Pueblo informó que remitirá formalmente la propuesta a la Superintendencia de Seguros, entidad que asumiría la coordinación de la mesa técnica en virtud de las facultades que le confieren los artículos 235, 237 y 238 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.
La iniciativa también integraría al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Digesett, el Ministerio Público, las empresas distribuidoras de electricidad, la Superintendencia de Electricidad, los ayuntamientos y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).
La propuesta llega en momentos en que la siniestralidad vial continúa siendo uno de los principales desafíos del país.
De acuerdo con el más reciente boletín del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), 1,019 personas han fallecido en accidentes de tránsito durante 2026.
Las provincias con mayor número de víctimas son el Gran Santo Domingo (116), San Cristóbal (100), La Altagracia (85), Santiago (82), Distrito Nacional (60), La Vega (59) y Puerto Plata (43).
Para el Defensor del Pueblo, además de reducir la alta mortalidad en las carreteras, resulta indispensable establecer mecanismos efectivos para que los responsables de destruir infraestructura pública asuman el costo de los daños y evitar que esas pérdidas continúen siendo absorbidas por las empresas estatales y, en última instancia, por los contribuyentes.
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