La reconfiguración institucional del sector eléctrico dominicano entra en una nueva fase.
Un proyecto de ley reintroducido en el Senado plantea suprimir la Comisión Nacional de Energía (CNE) y transferir todas sus responsabilidades al Ministerio de Energía y Minas (MEM), en un movimiento que reformaría más de dos décadas de estructura regulatoria.
La propuesta, de autoría del senador Alexis Victoria Yeb, fue entregada al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien solicitó tiempo para realizar un desglose técnico de la iniciativa.
Un comité para desmantelar la CNE
El proyecto establece en su artículo 3 la creación de un comité de supresión encargado de dirigir todo el proceso de transferencia de funciones.
La CNE, aunque adscrita al Ministerio, opera como un organismo público descentralizado con patrimonio propio.
Fue creada mediante la Ley 125-01 para gestionar las políticas energéticas y supervisar la aplicación de la Ley 57-07 sobre energías renovables.
Bajo la nueva propuesta, sus funciones pasarían directamente al Ministerio, que asumiría la planificación del sistema eléctrico a corto y largo plazo. Asimismo, algunas atribuciones serían transferidas a la Superintendencia de Electricidad, como la regulación de las cooperativas eléctricas.
En su intervención, el ministro Joel Santos centró sus comentarios en los considerandos del proyecto, que justifican su necesidad en la transformación radical que ha vivido la matriz energética dominicana durante las últimas dos décadas.
Entre los puntos expuestos destacan:
Una matriz energética irreconocible
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A inicios de los 2000, el fuel oil representaba cerca del 90% de la generación.
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Hoy esa fuente es solo una fracción menor, desplazada por el gas natural, que es ahora la base del suministro.
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Las energías renovables aportan una cuarta parte de la generación nacional, con meta de alcanzar casi un tercio en 2030.
Un ecosistema diverso que exige nuevas reglas
El surgimiento de grandes parques solares y eólicos, proyectos de biomasa y el crecimiento acelerado de la generación distribuida instalada en techos industriales y residenciales, obliga —según Santos— a revisar la arquitectura técnica, regulatoria y operativa del sistema.
A esto se suma la necesidad de preparar el marco institucional para tecnologías emergentes como el hidrógeno verde y, eventualmente, energía nuclear de nueva generación.
“Si el sistema no se adapta a tiempo, la regulación actual corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para la competitividad energética”, advirtió.
El proyecto también apunta a la necesidad de agilizar los procesos de permisos y concesiones, ante el crecimiento acelerado del sector energético.
El ministro recordó que la energía se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión extranjera directa, con más de US$1,000 millones anuales durante los últimos tres años.
Esa dinámica, afirmó, hace imprescindible modernizar el marco legal para que el crecimiento no se detenga.
Energía como pilar del desarrollo hacia 2036
Santos vinculó la reforma con las metas de desarrollo del país, especialmente con la proyección de duplicar el tamaño de la economía dominicana para 2036.
Según dijo, un sistema eléctrico robusto, diversificado y competitivo es condición indispensable para atraer industrias de mayor valor agregado y avanzar hacia un país de ingresos altos.
La iniciativa contempla:
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Crear un comité de supresión para administrar y representar legalmente a la CNE mientras dure el proceso.
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Diseñar la estructura administrativa que acompañará la transición.
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Contratar personal técnico para ejecutar la transferencia.
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Establecer reglas específicas para la liquidación de la CNE.
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Determinar, cuando proceda, la transferencia de empleados hacia el MEM.
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Modificar los artículos de la Ley 125-01 para sustituir las funciones asignadas a la CNE por el Ministerio de Energía y Minas.
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Asignar ciertas responsabilidades a la Superintendencia de Electricidad.
El proyecto fue depositado el 4 de septiembre y, tras cumplir los procedimientos iniciales, fue enviado a comisión para su estudio.
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