Cuando el propio presidente de la República, Luis Abinader, envió al Congreso la propuesta de reforma a la Ley 112-00, de Hidrocarburos, la población sintió la certeza de que la referida pieza no tardaría en ser reestructura al contexto actual.
Gran error, no fue así. La normativa, que procura reorganizar el sector hidrocarburos y establecer estructuras de costos más claras, así como una mejor fijación de los precios, perimió en el Congreso y tuvo que ser nuevamente reintroducida.
Nada ha sido suficiente para que el proyecto que reposa en los archivos de la Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado de la República sea desengavetado y enviado a vistas públicas para su discusión, como reclaman los sectores involucrados.
Todo el traspié que ha tenido la pieza legislativa que no ha sido ni siquiera conocida en vistas públicas hace pensar que algún poderoso tiene la intención de que la normativa que regula los carburantes en el país no sea reestructurada.
Ver la disposición de los actores del sector combustibles, reclamando incluso el conocimiento de las vistas públicas para discutir la pieza, hace pensar que su estancamiento no proviene de ese sector.
Si el Gobierno ha mostrado interés en que sea reformada la Ley 112-00, también los sectores ligados a los hidrocarburos. Entonces, ¿quién se opone?, ¿por qué no avanza su conocimiento?, ¿con qué intención?.
Estas y otras preguntas quedan en el aire a la espera de que desde el Palacio Legislativo surjan respuestas y la disponibilidad para la reforma a la normativa que data de más de 22 años.
