La República Dominicana encabeza el listado de países de América Latina con mayores pérdidas de electricidad en 2024, con un preocupante 37.6 %, según un informe elaborado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
El país supera incluso a Honduras (36.9 %) y Paraguay (26.5 %), que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. En contraste, naciones como Chile (5.8 %), Costa Rica (8.1 %) y Perú (10 %) presentan los niveles más bajos de pérdidas en la región.
Se recuerda que el pasado mes de julio, el CREES alertó que la República Dominicana enfrenta un reto financiero de gran magnitud, pues lidera un grupo de 15 países de la región con pérdidas superiores al 31 % para 2024.
“Mientras algunos países como Chile o Costa Rica han logrado mantener las pérdidas eléctricas por debajo del 10 %, otros, como República Dominicana u Honduras, registran cifras superiores al 35 %”, indicó la entidad.

El CREES advirtió que estas pérdidas representan un drenaje de recursos públicos, deterioran la calidad del servicio y reflejan, en muchos casos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras estatales.
De acuerdo con la entidad, los países con mayor participación privada en la distribución eléctrica presentan menores niveles de pérdidas, con un promedio de 14.1 %, frente al 22.3 % registrado en aquellos donde predomina la gestión estatal.
“No es coincidencia: la participación del sector privado ha permitido una mejor gobernanza, mayores incentivos para la eficiencia y mejoras sostenidas en la calidad del servicio”, afirmó el CREES.
En el caso de la República Dominicana, las empresas distribuidoras eléctricas estatales (EDE) no dependen de su eficiencia operativa, sino del respaldo constante del Estado. Solo hasta mayo de 2025, las EDE ya habían recibido más de RD$35,000 millones en subsidios, lo que representa una pesada carga para los contribuyentes.
Expertos coinciden en que abordar el problema de las pérdidas eléctricas en el país requiere algo más que inversiones: se necesita una reforma integral de la estructura institucional del sistema eléctrico que reduzca la dependencia de subsidios y garantice un servicio sostenible y eficiente.
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