El desperdicio energético en República Dominicana está teniendo un impacto económico significativo. Según un informe del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC), entre enero y junio de 2025, las empresas de energía renovable del país dejaron de percibir aproximadamente US$5.17 millones debido al desaprovechamiento de energía solar disponible.
El mismo documento revela que las empresas distribuidoras de electricidad estatales (Edenorte, Edesur y Edeeste) enfrentaron sobrecostos operativos por US$6.5 millones, al adquirir energía fósil, más costosa, en lugar de aprovechar la energía renovable.
El origen de estos costos se encuentra en el incumplimiento de la norma de Potencia Mínima Técnica (PMT) por parte de las termoeléctricas. Esta norma, que debería supervisar el OC, limita la inyección de energía fósil al mínimo necesario para permitir una mayor entrada de energía renovable más económica.
El país ha adoptado una práctica conocida como “curtailment”, que consiste en limitar o interrumpir la producción de energía renovable de una planta, aun cuando tiene capacidad técnica para generar más. Esta medida busca evitar un exceso de oferta en la red, que puede ocurrir por congestión, falta de almacenamiento o desajustes entre las horas de máxima producción y la demanda.
Expertos señalan que estas prácticas combinadas retrasan la transición energética y generan costos adicionales para el país, afectando tanto a las empresas generadoras como a los consumidores.
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