RD registró más de 150 normas técnicas para los hidrocarburos en cuatro años

Desde hace más de dos décadas, República Dominicana cuenta con un marco legal claro para la regulación del sector hidrocarburos. Sin embargo, la implementación efectiva, la actualización normativa y la adaptación a nuevos escenarios energéticos siguen siendo retos permanentes. 

Entre 2020 y 2024, el país ha intensificado su producción normativa a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), acumulando más de 150 disposiciones técnicas, fiscales y operativas que rigen desde la fijación de precios hasta el control del mercado.

Este reportaje presenta un recorrido por la evolución normativa reciente del sector, con una mirada crítica sobre los logros institucionales y los desafíos aún vigentes.

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 Un marco legal sólido e exigente

El sector está regulado principalmente por:

  • Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, que otorga al MICM la autoridad para regular la comercialización, distribución y fijación de precios semanales de los derivados del petróleo.
  • Ley 64-00 de Medio Ambiente, que impone licencias, evaluaciones y estándares técnicos en todas las actividades del sector.
  • Reglamento de Exploración y Producción de Hidrocarburos, que establece que el Estado dominicano mantiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre los yacimientos de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluida su plataforma continental.

Además, el artículo 2 de dicho reglamento define que toda exploración o explotación debe preservar el medio ambiente y proteger los intereses de la Nación. Aunque excluye el carbón mineral, da al contratista derecho preferente sobre otras sustancias asociadas que puedan encontrarse.

Extracción de petróleo.

 Línea de tiempo normativa (2020–2024)

2020: Se retoma la frecuencia en las resoluciones de precios, aunque no de forma sistemática.

2021: El MICM comienza a publicar resoluciones semanales y fijas sobre precios de combustibles. Solo entre junio y julio se emitieron al menos 10 resoluciones consecutivas, marcando un nuevo estándar de regularidad.

2022: El ritmo se acelera: más de 20 resoluciones mensuales fueron registradas durante varios períodos. Además de precios, se incluyen disposiciones técnicas y comerciales.

2023: La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revisa normas fiscales claves:

  • Norma 03-09 sobre remisión de información electrónica.
  • Norma 01-10 sobre liquidación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Estas actualizaciones apuntan a una mayor trazabilidad fiscal y coordinación con el MICM.

2024

Se destacan resoluciones especiales como la RES. NO.047-2024 y la RES. NO.046-2024, relacionadas con precios y distribución de combustibles específicos (butano, gasolina).
Además, el MICM continúa publicando resoluciones semanales, como las de septiembre, centradas en GLP y gas natural.

 Balance cuantitativo (2020–2024)

Resoluciones semanales de precios (MICM)                    +150

Resoluciones especiales y técnicas (2024)                      +6

Modificaciones fiscales de DGII (2023–2024)                  +3

Total acumulado desde 2020                                        +159

 Perspectiva institucional y desafíos pendientes

El MICM ha reconocido que, pese a los avances, la regulación del mercado de combustibles sigue siendo una labor crítica y continua. Por ello, se presentó el Compendio de Normativa de Combustibles, un documento de acceso público que reúne leyes, normas y procedimientos vigentes, promoviendo la transparencia institucional.

Sin embargo, los desafíos no son menores:

  • Fiscalización insuficiente, especialmente en zonas rurales o alejadas de la supervisión central.
  • Falta de adaptación normativa a nuevos modelos energéticos, como la electromovilidad y los biocombustibles.
  • Necesidad de alinear políticas medioambientales con los estándares internacionales de transición energética.

República Dominicana ha logrado consolidar un marco regulatorio amplio para el sector hidrocarburos, con avances importantes en transparencia, control de precios y seguridad operativa. No obstante, la verdadera transformación pasa por fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado, fomentar la participación de actores sociales y prepararse para un futuro energético más limpio, competitivo y sostenible.

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