La provincia de San Juan vive una jornada de alta tensión social con un paro de 24 horas en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest. La protesta, convocada por organizaciones comunitarias, paralizó gran parte de las actividades comerciales, educativas y de transporte, evidenciando el nivel de rechazo que ha generado la posible explotación de oro, cobre y plata en la zona.
Desde tempranas horas, se observaron comercios cerrados, suspensión del transporte y calles ocupadas por manifestantes con consignas como “El agua no se vende”. En varias comunidades, como Sabaneta, La Zanja, Carpintero y Las Maguanas, se reportaron bloqueos de vías y quema de neumáticos, mientras que en el distrito municipal La Sanja y el kilómetro 9 se registraron focos de tensión.
Aunque las oficinas públicas permanecieron abiertas, la afluencia fue mínima. Incluso la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó a suspender la docencia en los centros educativos públicos.
El agua y la agricultura en el centro del conflicto
El eje principal de la protesta es el temor al impacto ambiental, especialmente sobre los recursos hídricos. San Juan, conocida como el “Granero del Sur”, depende en gran medida del agua para su producción agrícola, por lo que los comunitarios advierten que la minería pondría en riesgo la seguridad alimentaria de la región.
Académicos y productores locales han alertado que el proyecto se ubicaría cerca del nacimiento del río San Juan, un afluente clave del río Yaque del Sur, lo que podría afectar no solo a esta provincia, sino también a territorios como Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia.
Además, el rechazo se alimenta de experiencias previas en otras zonas del país. Manifestantes han citado el caso de Sánchez Ramírez, donde opera una minera de gran escala, señalando denuncias sobre contaminación y manejo de recursos como ejemplo de lo que buscan evitar.
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Apoyo social amplio y presión creciente
El movimiento contra la minería ha logrado articular un respaldo amplio que incluye organizaciones comunitarias, gremios, productores agrícolas, sectores religiosos y académicos. Profesores y empleados del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Juan realizaron vigilias en rechazo a los estudios de exploración.
Voceros del movimiento aseguran que más del 90% de la población respalda la oposición al proyecto, insistiendo en que la minería no cuenta con “licencia social” en la provincia. También han anunciado nuevas movilizaciones, incluyendo marchas, mientras reiteran su llamado al Gobierno para detener cualquier avance del proyecto en la Cordillera Central.
La posición de la empresa: minería “moderna” y estudios en curso
Por su parte, la empresa GoldQuest ha defendido el proyecto Romero, asegurando que aún no se encuentra en fase de explotación, sino en etapa de estudios ambientales que determinarán su viabilidad.
El CEO de la compañía, Luis Santana, ha explicado que se trata de un modelo de minería subterránea, con menor impacto ambiental que las operaciones tradicionales. Según indicó, el proyecto no utilizaría cianuro ni mercurio, no requeriría una presa de colas y contempla la reutilización del agua en un sistema cerrado, evitando descargas al medio ambiente.
La empresa, que opera en el país desde 2002, ha invertido cerca de US$50 millones en exploración y estima que la puesta en marcha del proyecto requeriría unos US$400 millones adicionales. Además, señala que los estudios de impacto ambiental están siendo desarrollados por consultores nacionales e internacionales y se espera que sus resultados estén disponibles entre julio y agosto.
Desde el ámbito oficial, las autoridades han reiterado que cualquier decisión sobre el proyecto dependerá de los resultados de los estudios de impacto ambiental. Figuras del Gobierno han señalado que no se autorizará ninguna explotación sin garantías técnicas y ambientales.
Mientras tanto, San Juan se mantiene en un punto crítico, donde confluyen dos visiones: por un lado, el potencial económico de la minería como generadora de inversión y empleos; por el otro, el temor de las comunidades a perder sus recursos naturales y su modelo de vida.
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