Sector de detallistas de combustibles pide reconsiderar disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos

La Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas) rechazó la Ley 225‑20, conocida como Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, tras ser promulgada por el presidente de la República. La modificación busca fortalecer la sostenibilidad ambiental y regular de manera más estricta el manejo de residuos sólidos.

El sector expresó su preocupación por el impacto económico de estas disposiciones sobre las estaciones de servicio, advirtiendo que podría afectar la viabilidad de los pequeños negocios.

Juan Elías Pérez, presidente de Anadegas, explicó que el sector no estaba preparado para los nuevos montos que deberán pagar, calculados sobre la venta bruta de combustible y no sobre las utilidades reales de cada estación.

“El promedio de venta de combustible es de 25,000 galones y nuestras utilidades, de alrededor de 24 pesos por galón, se destinan principalmente a cubrir gastos de operación, intereses bancarios, comisiones por tarjetas de crédito y salarios del personal. No tenemos forma de cubrir ese dinero adicional”, indicó.

Juan Elías Pérez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas)
Juan Elías Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas)

Pérez aseguró que el sector fue consultado en dos ocasiones ante el Senado, pero que las decisiones ya estaban prácticamente tomadas.

“Nos sentimos prácticamente burlados por el Senado, porque si ellos sabían que ya esto estaba decidido, era crónica de la muerte anunciada. Nos invitaron, pero no se tomaron en cuenta nuestras propuestas”, afirmó.

El dirigente advirtió que, de no encontrar soluciones, los detallistas podrían solicitar una resolución que los exima de ciertos cobros o iniciar manifestaciones a nivel nacional, argumentando que la normativa actual los está sacando del mercado.

Además, recordó que cuando se cobraban RD$260.000 anuales, los pequeños negocios ya enfrentaban dificultades. “Ahora, con el aumento, estamos hablando de más de RD$700.000 al año, un monto imposible de cubrir con nuestras utilidades brutas de apenas un 8.75%”, explicó Pérez.

El presidente de Anadegas señaló que el sector busca soluciones que permitan equilibrar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad económica de las estaciones, lamentando que el país atraviese problemas económicos que complican aún más la situación.

Se recuerda que en noviembre, Anadegas presentó al Senado de la República observaciones sobre la Ley 225‑20, solicitando formalmente que su sector quede excluido de las disposiciones relacionadas con el manejo de desechos sólidos.

Según la asociación, aunque valoran “la existencia de un marco normativo que establezca responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos sólidos”, identificaron en la ley previsiones “ostensiblemente desproporcionadas e irracionales” aplicables a las estaciones de expendio de combustibles.

Estas no constituyen grandes empresas y sus ingresos provienen de arbitrios, impuestos y otras obligaciones fiscales, recibiendo únicamente una comisión del 8 % sobre el precio total por galón. Al ser un sector regulado, explican, no pueden trasladar los costos del manejo de desechos sólidos al precio final del combustible, fijado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Por esta razón, la asociación interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pendiente de fallo.

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No obstante, advierten que una declaración de inconstitucionalidad total podría afectar partes de la ley que consideran beneficiosas para el medio ambiente.

Andegas busca además aprovechar el proceso de reformas iniciado por el Senado para perfeccionar la ley mediante un mecanismo participativo y democrático, fomentando el diálogo entre los actores involucrados y la administración de la Presidenta de la República.

La Ley 225‑20 fue promulgada para garantizar la gestión integral de los residuos sólidos en el país y promover un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Recientemente, el Senado aprobó modificaciones a la ley, declarando la urgencia de su reforma, con el objetivo de subsanar, corregir o eliminar situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y la biósfera.

El proyecto de reforma fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán y Ginnette Bournigal de Jiménez. Según los legisladores, desde la promulgación de la ley original no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, pese a los desafíos persistentes en la implementación efectiva de su gestión integral.

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