El sector eléctrico de República Dominicana ha experimentado avances significativos gracias a las inversiones en energías renovables, especialmente en solar y eólica. Sin embargo, los desafíos persisten, ya que el sistema eléctrico sigue siendo una carga económica para el gobierno debido a problemas de distribución, hurto de electricidad, aumento de la demanda, y la falta de equipos adecuados para medir y facturar.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) reportó que, a junio de 2024, las pérdidas acumuladas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) alcanzaron un 43.9%. Esto implica que por cada 100 GWh adquiridos, 44 GWh no fueron facturados, resultando en una pérdida equivalente a US$608.7 millones en energía no cobrada, según el Ministerio de Energía y Minas.
El análisis de CREES sostiene que la administración pública de las distribuidoras perpetúa la ineficiencia. Proponen que entidades privadas asuman la gestión de las EDE, generando incentivos para mejorar el servicio y reducir las pérdidas.
Datos alarmantes y la necesidad de cambios estructurales
En el primer semestre de 2024, las EDE adquirieron 9,641.3 GWh, de los cuales 3,670.6 GWh no fueron facturados, lo que representa una pérdida del 38.1%. Adicionalmente, solo 5,622.8 GWh fueron cobrados de los 5,970.8 GWh facturados, dejando una diferencia de 348 GWh no cobrados (5.8%). Esto suma pérdidas totales del 43.9% en el sistema.
El gobierno ha presupuestado RD$86,393 millones para cubrir el déficit de las EDE en 2024, y hasta julio, ya se habían ejecutado RD$50,602.7 millones (58.6%). Sin cambios estructurales en la gestión, el CREES advierte que estas pérdidas seguirán aumentando, afectando a los contribuyentes y obligando al gobierno a aumentar impuestos o endeudarse aún más para cubrir los costos.
El CREES propone que la gestión privada de las distribuidoras eléctricas crearía los incentivos necesarios para reducir las pérdidas. Argumentan que los inversionistas privados buscarán maximizar sus beneficios mediante la optimización del servicio y la mejora de la eficiencia operativa, asegurando que los consumidores reciban un servicio de calidad por el que estén dispuestos a pagar.