El Senado de la República aprobó este martes, mediante el trámite de urgencia y en una sesión extraordinaria, el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una iniciativa que redefine el esquema de contribuciones económicas para el manejo de desechos y endurece las restricciones a los plásticos de un solo uso.
La propuesta fue conocida luego de que el senador Antonio Marte solicitara su incorporación al orden del día, pese a que inicialmente no figuraba en la agenda legislativa. Posteriormente, fue declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas con el voto favorable de 28 de los 32 senadores presentes.
El proyecto, sometido por los senadores Ramón Rogelio Genao y Ginnette Bournigal, modifica principalmente los artículos 4 y 36 de la Ley 225-20 y ahora deberá ser conocido por la Cámara de Diputados.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la modificación del artículo 36, que regula la contribución especial destinada a financiar el sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos.
La nueva redacción establece que todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y demás organizaciones que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar un aporte anual obligatorio, calculado de acuerdo con el nivel de ingresos de cada entidad.
La escala propuesta va desde RD$3,500 para empresas con ingresos de hasta RD$5 millones, hasta RD$3 millones para aquellas cuyos ingresos superen los RD$2,000 millones anuales.
Asimismo, los montos serán indexados cada año conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
La normativa mantiene la exención para las organizaciones sin fines de lucro y establece que las contribuciones serán recaudadas por la DGII, que posteriormente transferirá los recursos a la Tesorería Nacional y al fideicomiso creado para financiar la gestión de residuos sólidos.
La reforma también modifica el artículo 172 para prohibir la importación de sorbetes, vasos, cubiertos y demás productos fabricados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
La iniciativa dispone además que, seis meses después de la promulgación de la ley, se fomentará el uso de sustitutos elaborados con papel, cartón reciclado u otros materiales biodegradables.
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Conep critica el uso recurrente de la urgencia
Horas antes de la aprobación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su preocupación por el uso reiterado del procedimiento de urgencia para modificar leyes de alto impacto económico.
En un comunicado, la organización empresarial recordó que la Ley 225-20 ya había sido modificada mediante el mismo mecanismo en enero de 2025 y advirtió que esta práctica limita el debate legislativo y reduce la participación de los sectores involucrados.
“La declaratoria de urgencia es una facultad extraordinaria prevista para circunstancias excepcionales. Su uso frecuente termina debilitando el debate legislativo, limitando la participación de los sectores interesados y reduciendo oportunidades para construir reformas duraderas”, señaló el Conep.
La entidad sostuvo además que cuando una legislación requiere modificaciones frecuentes en poco tiempo, la respuesta no debería ser acelerar nuevamente su aprobación, sino ampliar el proceso de diálogo y consulta técnica.
“Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica”, indicó el gremio empresarial.
Próximo paso
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. De ser aprobado sin modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La reforma busca fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos y acelerar la transición hacia materiales más sostenibles, aunque su rápida aprobación ha reabierto el debate sobre el uso frecuente de la declaratoria de urgencia en el Congreso Nacional para reformas de amplio alcance económico y regulatorio.
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