Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó este martes, con carácter de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista para prevenir y prohibir el ingreso al país de mercancías vinculadas con trabajo forzoso, una medida con la que República Dominicana busca crear las condiciones para que Estados Unidos reduzca de 12.5 % a 10 % el arancel aplicado a sus exportaciones.
Bautista sostiene que la reducción de 2.5 puntos porcentuales podría representar un alivio de aproximadamente US$182 millones al año para los exportadores dominicanos, al disminuir el costo que actualmente deben asumir sus productos al ingresar al mercado estadounidense.
El legislador ha planteado que, con una tasa de 10 %, República Dominicana podría competir bajo condiciones similares a las de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina, cuyos productos pagan ese nivel de arancel al entrar a Estados Unidos.
La iniciativa busca establecer en el país un marco legal que prohíba la importación de bienes cuya producción esté relacionada con prácticas de trabajo forzoso, en respuesta a las exigencias planteadas por el Gobierno estadounidense.
La propuesta parte de la diferencia existente entre el arancel de 12.5 % aplicado actualmente a las exportaciones dominicanas y la tasa de 10 % contemplada para países que cumplen determinadas condiciones relacionadas con la prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) estableció en julio una tasa de 10 % para las economías que cuentan con una prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, que se han comprometido a establecerla y aplicarla o que mantienen determinados mecanismos parciales en esa materia. Para las demás economías investigadas, la tasa establecida fue de 12.5 %.
Bautista calcula que la diferencia entre ambas tasas supone para los exportadores dominicanos un costo aproximado de US$182 millones anuales. Esta cifra corresponde a la estimación presentada por el senador al promover la iniciativa y no constituye una proyección oficial de Estados Unidos ni del Gobierno dominicano.
La medida estadounidense está vinculada con una investigación iniciada por USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluyó a 60 economías.
En junio, esa oficina determinó que República Dominicana había fallado en establecer y aplicar de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Qué contempla la legislación
El proyecto aprobado por el Senado establece medidas para impedir que ingresen al territorio dominicano mercancías cuya producción esté vinculada con trabajo forzoso.
La propuesta define estas prácticas como aquellas en las que la persona realiza el trabajo sin participar de manera voluntaria y bajo circunstancias que pueden incluir amenazas, coacción o engaño.
Entre las situaciones que contempla el proyecto se encuentran la servidumbre por deudas, la retención de documentos personales, el confinamiento en el lugar de trabajo, las amenazas relacionadas con las autoridades migratorias y distintas formas de violencia o engaño.
La aplicación de estas disposiciones estaría principalmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Aduanas (DGA), instituciones que tendrían a su cargo la identificación de posibles casos dentro de las cadenas de suministro.
Para determinar si existen prácticas de trabajo forzoso podrían tomarse en cuenta informaciones provenientes de organismos nacionales e internacionales, autoridades de otros países, empresas, asociaciones empresariales, denuncias, investigaciones académicas y periodísticas, entre otras fuentes.
Como parte del mecanismo previsto, la DGA tendría que establecer un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso, en el que serían identificadas las mercancías cuya entrada al territorio nacional haya sido prohibida por estar vinculadas con estas prácticas.
Productores e importadores podrán pedir una revisión
El proyecto también establece un procedimiento para que los productores, suplidores o importadores afectados por una prohibición puedan solicitar que su caso sea revisado y recuperar la autorización para operar.
Para obtener esa revisión, deberán demostrar que las prácticas de trabajo forzoso fueron eliminadas, que fueron reparados los daños ocasionados a las víctimas y que se adoptaron medidas destinadas a impedir que esas situaciones vuelvan a producirse.
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De esta manera, la propuesta no solo establece la posibilidad de prohibir el ingreso de determinadas mercancías, sino que incorpora un mecanismo para que los operadores afectados puedan demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas y solicitar el levantamiento de la medida.
La aprobación de la iniciativa en el Senado se produjo luego de las gestiones realizadas por Bautista para conseguir el respaldo del Poder Ejecutivo.
El 28 de agosto, el senador se reunió con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, a quienes planteó la necesidad de respaldar la propuesta.
En ese encuentro, Bautista expuso la importancia de adoptar una legislación contra el trabajo forzoso como parte de las acciones encaminadas a crear las condiciones para que Estados Unidos reduzca el arancel adicional aplicado a los productos dominicanos.
El proyecto contó además con el respaldo de otros 12 senadores, quienes figuran como proponentes de la iniciativa.
Luego de su aprobación en dos lecturas consecutivas en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.
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