La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines informó a sus usuarios que, aunque no podrá reprogramar vuelos con otras compañías, procederá a realizar reembolsos automáticos para los boletos adquiridos directamente en su página web con tarjetas de crédito o débito. Los montos serán acreditados al método de pago original.
En el caso de los pasajeros que realizaron sus reservas a través de agencias de viajes, deberán gestionar el reembolso directamente con dichas intermediarias. Mientras tanto, quienes pagaron con vales, créditos o puntos del programa Free Spirit deberán esperar una decisión que será determinada en el marco del proceso judicial por quiebra.
La aerolínea aclaró que no cubrirá gastos adicionales derivados de la cancelación de operaciones, como hoteles o vuelos alternativos. No obstante, recomendó a los viajeros que adquirieron seguros de viaje consultar con sus proveedores para verificar si estos costos están cubiertos.
Asimismo, indicó que los puntos acumulados en el programa Free Spirit no podrán ser utilizados por el momento, y su situación final dependerá del avance del proceso legal. En cuanto a los vales no utilizados, la empresa reiteró que no serán reembolsables en efectivo.
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Para los pasajeros con equipaje pendiente o artículos extraviados, la aerolínea habilitó herramientas en su sitio web que permiten rastrear pertenencias utilizando el código de reserva, el apellido del pasajero o detalles específicos del objeto.
Un cierre marcado por dificultades financieras
El anuncio de estas medidas se produce tras la confirmación del cierre de operaciones de Spirit Airlines, luego del fracaso de un acuerdo de financiamiento por unos 500 millones de dólares, según reportó The Wall Street Journal.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la aerolínea enfrentaba una severa crisis de liquidez, agravada por la falta de consenso entre los tenedores de bonos y la imposibilidad de concretar un respaldo financiero por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Las negociaciones incluían una posible inyección de capital a cambio de garantías que podrían haber derivado en una participación estatal de hasta un 90 % en la compañía. Sin embargo, el acuerdo no se materializó, precipitando así el cese definitivo de sus operaciones.
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