En los primeros seis meses de este año, el gasto del Gobierno dominicano en subsidios para el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) alcanzó la sorprendente cifra de RD$43,577.3 millones. Esta cantidad excede en un 25% el presupuesto estatal completo asignado para el 2024 a los poderes Legislativo y Judicial, así como a otros seis importantes órganos extra poder.
De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación de este año, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y la Oficina de Defensoría Pública, tienen asignados recursos que, sumados, alcanzan los RD$34,855.7 millones. Este monto representa apenas el 80% de lo que el Gobierno ha destinado en subsidios eléctricos en tan solo la primera mitad del año.
Comparativa de presupuestos
Para el año completo, se estima que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), que incluyen Edenorte, Edesur y EdeEste, absorberán un subsidio estatal de RD$89,379.6 millones. Esta cifra es un 156.4% superior al presupuesto conjunto de los ocho órganos extra poder mencionados. En términos prácticos, el subsidio eléctrico es 2.5 veces mayor que el presupuesto combinado de estos vitales organismos estatales, que son fundamentales para el mantenimiento del orden jurídico, institucional y democrático del país.
Detalles del presupuesto estatal
El presupuesto detallado de estos órganos del Estado para este año es el siguiente:
- Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados): RD$8,903.7 millones
- Poder Judicial: RD$8,623.3 millones
- Junta Central Electoral (JCE): RD$11,771.7 millones
- Tribunal Constitucional (TC): RD$1,825.4 millones
- Tribunal Superior Electoral (TSE): RD$1,172 millones
- Defensor del Pueblo: RD$337.7 millones
- Cámara de Cuentas: RD$1,524.2 millones
- Defensoría Pública: RD$697.7 millones
Implicaciones económicas y sociales
El elevado gasto en subsidios eléctricos refleja las crecientes pérdidas técnicas y operativas de las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste. Esta situación ha obligado al Gobierno a destinar una cantidad significativa de recursos para cubrir el déficit, lo que ha generado un debate sobre la eficiencia y sostenibilidad de estos subsidios a largo plazo.
La comparación entre el gasto en subsidios eléctricos y el presupuesto de los órganos del Estado subraya una preocupante realidad: los recursos destinados a sectores críticos para el desarrollo y el buen funcionamiento institucional del país son considerablemente menores que los fondos necesarios para mantener la operatividad del sector eléctrico.
Este desequilibrio en la asignación de recursos plantea importantes preguntas sobre las prioridades del gasto público y la necesidad de reformas estructurales en el sector energético para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia. Además, resalta la urgencia de encontrar soluciones sostenibles que permitan destinar más fondos a áreas esenciales como la justicia, la democracia y la supervisión electoral.
