Subsidios focalizados y trazabilidad desde el primer día

Juan Ramón Mejía Betances

Cada crisis petrolera vuelve a colocar a la República Dominicana ante el mismo dilema: trasladar el encarecimiento de los combustibles a los hogares y a la producción, o absorberlo con recursos públicos que también necesitan la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. Sin embargo, entre abandonar a la población y subsidiar indiscriminadamente cada galón existe un camino que debemos recorrer: proteger con precisión, fiscalizar con rigor e invertir para disminuir nuestra dependencia.

 

Un subsidio general al combustible distribuye recursos según el consumo, sin distinguir entre capacidad económica, necesidad social y utilidad productiva. El Estado termina ayudando tanto a quien necesita trasladarse para trabajar como a quien puede asumir el costo de sus decisiones. La reforma debe corregir esa desigualdad, protegiendo además a quienes sufren el impacto indirecto en el transporte y los alimentos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado la importancia de acompañar estas reformas con apoyos focalizados y medidas compensatorias.

 

La pregunta decisiva no es solo cuánto cuesta el subsidio, sino qué recibe la sociedad —y qué deja de perder en filtraciones— por cada peso que entrega.

 

Bonogás: depurar para proteger mejor

 

El primer instrumento ya existe. Bonogás Hogar forma parte de la protección social a través del programa Supérate y se apoya en la evaluación socioeconómica del SIUBEN. Debemos fortalecerlo mediante revisiones periódicas para retirar a quienes hayan superado las condiciones que justificaban el subsidio e incorporar a las familias vulnerables que permanecen fuera.

 

Depurar exige verificar ingresos y condiciones de vida mediante cruces de información autorizados, visitas selectivas y mecanismos de reclamación, investigando cada inconsistencia antes de aplicar exclusiones automáticas. Asimismo, hay que buscar activamente a quienes, por aislamiento o falta de documentos, no logran solicitar la ayuda.

 

Dentro de la población vulnerable merecen atención especial los hogares rurales que cocinan con leña y carbón. Facilitarles un combustible de transición disminuye la presión sobre los bosques y la exposición al humo en la vivienda. Pero la transferencia monetaria es insuficiente sin estufa segura, cilindro adecuado y abastecimiento accesible; donde exista electricidad confiable y resulte conveniente, debe evaluarse también la cocina de inducción.

 

Fiscalizar Bonogás exige auditar las terminales de punto de venta en las envasadoras para confirmar que cada transacción corresponda a una venta real de GLP, detectar consumos en horarios atípicos y sancionar operaciones simuladas o el canje fraudulento del beneficio por efectivo.

 

Diésel productivo: marcadores químicos y control de destino

 

En el diésel, la prioridad debe concentrarse en actividades agrícolas, agroindustriales y productivas definidas con precisión, así como en el transporte de carga y pasajeros. La expresión “sector productivo” no puede ser una autorización ilimitada para recibir combustible barato.

 

Cada beneficiario debe acreditar su actividad y justificar una cuota según criterios verificables: superficie cultivada, maquinaria operativa, necesidades de riego, producción, vehículos habilitados o servicios prestados, manteniendo procedimientos sencillos para no excluir a los pequeños productores.

 

La piedra angular para blindar este esquema es la trazabilidad física mediante la incorporación de un marcador químico al combustible beneficiado y, cuando técnicamente corresponda, un colorante. Experiencias como la del Reino Unido demuestran que marcar el combustible con tratamiento tributario diferenciado permite detectar desvíos con eficacia; su aplicación dominicana requiere un diseño propio bajo estándares del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

 

El marcador debe seleccionarse mediante pruebas de compatibilidad, seguridad y detección. Sin embargo, ningún trazador sustituye a una autoridad que fiscalice: su eficacia depende de inspecciones, laboratorios, registros confiables y un estricto régimen de consecuencias.

 

El diésel subsidiado debe circular por una cadena logística autorizada y segregada, sin comercializarse como combustible ordinario en las estaciones de servicio. Es indispensable conciliar los volúmenes despachados, transportados, almacenados y recibidos, además de ejecutar inspecciones periódicas, frecuentes y sorpresivas a las estaciones de combustibles, depósitos y equipos, tomando muestras para analizar en laboratorio y dejando una muestra testigo debidamente resguardada que garantice el debido proceso técnico y legal. Hallar trazas de combustible subsidiado en bombas comerciales o fuera del destino asignado debe acarrear sanciones drásticas.

 

Donde mantener una cadena segregada resulte muy costoso, conviene evaluar una alternativa mediante programas piloto: adquirir combustible ordinario y recibir un reintegro limitado tras comprobar la compra con facturación electrónica y el uso elegible. En el transporte de pasajeros y de carga, el apoyo debe vincularse a una contraprestación social comprobable en tarifas, rutas, frecuencias y costos logísticos.

 

Crédito para cambiar el consumo

 

La política financiera también debe contribuir. Mediante acuerdos e incentivos regulados, las ferias bancarias de vehículos deberían mantener durante todo el año líneas preferenciales para unidades eléctricas e híbridas con estándares verificables de eficiencia.

 

Sobre la base de la Ley 103-13 de incentivo a vehículos de energía no convencional, podemos estructurar instrumentos financieros donde el apoyo público se refleje en una reducción real del costo del préstamo, sin quedar absorbido por comisiones o sobreprecios. Este financiamiento debe fijar topes por valor del vehículo para no subsidiar compras de lujo, priorizando autobuses, taxis, distribución urbana y vehículos de trabajo intensivo, a la par que se fortalece la red de carga, la gestión de baterías y la estabilidad eléctrica.

 

Biocombustibles y ahorro energético

 

Paralelamente, debemos convocar a productores de alcoholes, ingenios, industrias de aceites vegetales, universidades y distribuidoras para evaluar la producción nacional de etanol y biodiésel al amparo de la Ley 57-07. Esto exige estudios rigurosos sobre materias primas, costos, compatibilidad de motores, ahorro neto de divisas e impacto ambiental. Conviene priorizar residuos agroindustriales y aceites usados trazables, evitando que el incentivo provoque deforestación, desplace cultivos alimentarios o presione el agua y la tierra.

 

La focalización debe acompañarse de inversiones que reduzcan subsidios futuros: financiar bombeo solar para riego con control de extracción acuífera, modernizar cadenas de frío, sustituir equipos ineficientes y promover biodigestores. En movilidad, como sugiere el PNUD, es clave redirigir recursos hacia un transporte colectivo eficiente y de bajas emisiones. El propio Estado debe dar el ejemplo controlando sus flotas con despacho electrónico, registrando recorridos y eliminando asignaciones injustificadas.

 

Inspección en estaciones y fiscalización permanente

 

Toda esta política requiere un sistema único de control desde el primer día: registro de beneficiarios, cuotas justificadas, identificación de equipos, comprobantes electrónicos y conciliación continua entre despachos y consumos.

 

La fiscalización de los destinos no puede ser meramente documental. Debe combinar auditorías por señales de riesgo —para detectar duplicidades, consumos incompatibles o fraccionamiento entre empresas vinculadas— con inspecciones físicas frecuentes en estaciones de servicio y centros de consumo, estableciendo responsabilidades para beneficiarios, intermediarios, transportistas, detallistas y funcionarios.

 

Cada programa necesita tope presupuestario, transparencia mensual de gastos y sanciones, y condiciones de salida graduales, asegurando que la compensación a los hogares vulnerables esté operativa antes de retirar apoyos generales.

 

La focalización exige demostrar quién recibe la ayuda, qué hace con ella y qué gana el país. La República Dominicana necesita proteger a sus familias y su producción mientras construye alternativas: cada peso destinado a aliviar el consumo de petróleo hoy debe ayudarnos a necesitar menos petróleo mañana.

 

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