Las principales organizaciones del transporte en la República Dominicana, la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO) y la Confederación Nacional de Transporte Moderno (COENTRAM), denunciaron este martes una presunta persecución judicial arbitraria contra varios de sus dirigentes sindicales, a quienes aseguran se les está criminalizando para beneficiar a operadores ilegales del transporte público.
Durante una rueda de prensa, Jairo Doñe, presidente de COENTRAM, y el dirigente Jorge Luis Pérez, revelaron que el pasado viernes uno de sus afiliados fue detenido sin orden judicial ni citación previa y llevado directamente a la Fiscalía del Distrito Nacional.
Doñe afirmó que, al presentarse en la Fiscalía de Los Ríos para obtener información, fue advertido por un fiscal de que también existía una orden de arresto en su contra, lo cual calificó de ilegal. “El procedimiento fue totalmente irregular.
Aquí se actuó de manera unilateral, solo por declaraciones de transportistas piratas que fueron desalojados de la avenida Núñez de Cáceres por el Intrant y la Policía Nacional”, dijo.
Los dirigentes acusaron directamente al fiscal de Los Ríos de actuar fuera de su jurisdicción y de seguir presuntas órdenes políticas del senador Antonio Marte, a quien señalan de presionar al Ministerio Público para debilitar a los sindicatos formales y facilitar el establecimiento de rutas irregulares.
“Hoy estamos gastando más de RD$200,000 para liberar a un compañero apresado sin justificación. No vamos a permitir más abusos”, aseguró Doñe.
Además, señalaron que esta situación representa una estrategia de intimidación y desgaste, con fines políticos y económicos, en perjuicio del transporte legal y organizado del país.
Los representantes sindicales hicieron un llamado urgente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que investigue las actuaciones del fiscal involucrado y ponga freno a lo que catalogaron como una práctica abusiva e ilegal. “Nadie está por encima de la ley. Un fiscal no puede actuar bajo presión política ni violar el debido proceso”, concluyeron.
Los gremios reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades, pero exigieron que se les respete el derecho a la defensa y se les trate con justicia.
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