Santo Domingo.- El costo de distintos servicios y trámites públicos volvió al centro de las críticas del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien cuestionó que los ciudadanos deban destinar cada vez más recursos al pago de obligaciones cotidianas sin percibir, según afirmó, una mejora equivalente en la calidad de los servicios que reciben.
Su pronunciamiento se produjo tras el anuncio de un de hasta RD$1,000 en el marbete. Sin embargo, el legislador de la Fuerza del Pueblo extendió sus caumentouestionamientos a otros cobros que, desde su perspectiva, reflejan una política de incrementos progresivos que termina afectando la economía de los hogares.
Fernández calificó ese conjunto de medidas como una especie de reforma fiscal no anunciada, que se aplica mediante ajustes separados en distintos renglones. «¿Cuántas reformas fiscales más necesita este Gobierno? Porque, aunque nadie lo haya anunciado formalmente, nos están haciendo otra reforma fiscal por cuotas y sin avisarnos», expresó.
Entre los cambios que mencionó están las tarifas de los peajes, con casos en los que el pago pasó de RD$60 a RD$200, así como los mayores costos de determinadas operaciones bancarias. Sobre estas últimas, utilizó como ejemplo las transferencias de dinero entre familiares para ilustrar cómo los cargos también alcanzan transacciones habituales.
«Hasta para transferirle un dinerito a tu mamá tienes que pagar más. El problema es que aquí todo sube, menos la eficiencia del Gobierno», manifestó.
El senador también señaló las repercusiones que atribuye al encarecimiento de los procesos vinculados a la construcción. Según explicó, las tarifas de supervisión de las obras inciden en los costos de los proyectos y terminan repercutiendo en el monto que las familias deben pagar por una vivienda, ya sea una casa o un apartamento.
En el caso de los trámites personales, citó la certificación de no antecedentes penales, conocida popularmente como papel de buena conducta. Indicó que su precio aumentó de RD$600 a RD$800 y recordó que este documento suele ser requerido a quienes buscan acceder a oportunidades de empleo.
Los cambios en la contribución especial para la gestión de residuos sólidos también formaron parte de su exposición. Para mostrar el alcance que pueden tener esos ajustes sobre las empresas, Fernández mencionó el caso de una compañía que pasó de pagar RD$260,000 a RD$675,000.
El legislador considera que este tipo de incrementos añade presión sobre el sector productivo y se suma a los gastos que enfrentan los ciudadanos por distintos conceptos.
El planteamiento del senador no se limita al efecto de cada tarifa por separado. También cuestionó la administración de los ingresos estatales, al señalar que las recaudaciones del Gobierno siguen aumentando mientras persisten, a su juicio, las dudas sobre la eficiencia con que se utilizan esos recursos.
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En ese contexto, puso en cuestión que la población tenga que asumir nuevos pagos sin que se reflejen mejores resultados en la gestión pública. «¿Cuánto más tiene que pagar el dominicano para que el Gobierno aprenda a administrar lo que ya recibe?», preguntó.
Fernández advirtió que la ausencia de una reforma fiscal anunciada formalmente no significa que los ciudadanos estén exentos de sus efectos. Sostuvo que la sucesión de incrementos en distintos cobros y servicios ha elevado progresivamente los compromisos económicos de los hogares, que deben destinar más dinero a cubrir las mismas necesidades.
Al cerrar su pronunciamiento, el senador cuestionó que esta dinámica se mantenga sin mejoras perceptibles en los servicios públicos: «Esta reforma se ha hecho poquito a poquito, aumento por aumento, y hace rato estamos pagando mucho más por lo mismo. A veces da la impresión de que el Gobierno es el principal enemigo de tu bolsillo», concluyó.
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