El inicio de 2026 encuentra a América Latina y el Caribe —y, en particular, a Centroamérica, Panamá y República Dominicana— con un discurso energético cada vez más ambicioso. Metas de descarbonización, anuncios de licitaciones, incorporación de almacenamiento y promesas de modernización regulatoria dominan la agenda pública. Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista persiste una pregunta incómoda: ¿están nuestros marcos regulatorios realmente preparados para sostener esa ambición?
La experiencia reciente demuestra que la transición energética no fracasa por falta de recursos naturales, ni siquiera por ausencia de capital. Fracasa —o se ralentiza— cuando la calidad regulatoria no acompaña el discurso político. Y 2026 no será un año de indulgencia para los mercados: será un año de selección. El capital seguirá disponible, pero será cada vez más exigente y se dirigirá únicamente hacia aquellos países capaces de ofrecer reglas claras, previsibilidad institucional y procesos técnicamente bien diseñados.
Durante los últimos años, la expresión «calidad regulatoria» se ha convertido en un lugar común. Se repite con frecuencia en discursos oficiales, planes de gobierno y documentos estratégicos. El problema es que, en muchos casos, se invoca más como consigna que como práctica. Regular bien no significa regular más; significa regular con técnica, con visión sistémica y con capacidad real de ejecución. Cuando ese estándar no se cumple, el costo no es abstracto: se manifiesta en proyectos que no logran cerrar financiamiento, subastas que no generan competencia efectiva y primas de riesgo que encarecen innecesariamente el desarrollo energético.
Este fenómeno ya es visible en la región. En algunos países, la improvisación en el diseño de procesos competitivos —particularmente en licitaciones de energía y potencia— ha derivado en resultados ambiguos: precios poco representativos, adjudicaciones frágiles o proyectos que luego enfrentan serias dificultades para alcanzar bancabilidad. En otros casos, la politización de la regulación ha debilitado la independencia técnica de los entes reguladores, erosionando la confianza de inversionistas y financiadores internacionales.
La lección es clara: la transición energética no se juega únicamente en la definición de metas, sino en la arquitectura regulatoria que las hace viables. Subastas mal estructuradas, contratos desequilibrados o marcos normativos incompletos no solo retrasan proyectos; incrementan el riesgo país y elevan el costo del capital. Ese es el costo oculto del atraso regulatorio que muchos mercados aún subestiman.
En este contexto, 2026 se perfila como un año bisagra. Panamá, Costa Rica y República Dominicana ofrecen ejemplos ilustrativos de los distintos caminos posibles. Panamá avanza en la revisión de pliegos y en la estructuración de contratos de largo plazo para atraer inversión, consciente de que el detalle contractual importa tanto como el anuncio político. Costa Rica, con una matriz eléctrica sólida y madura, enfrenta el reto de dar certeza regulatoria en un entorno de discusión institucional y electoral donde la técnica no debería ceder ante la coyuntura. República Dominicana, por su parte, ha dado pasos relevantes al incorporar almacenamiento y marcos técnicos más sofisticados en sus procesos competitivos, enviando señales claras y consistentes al mercado.
Estos contrastes confirman una realidad incómoda, pero necesaria de asumir: no todos los países competirán en igualdad de condiciones por el capital energético en 2026. La diferencia no la marcarán los discursos ni los objetivos declarados, sino la calidad de las reglas, la solidez institucional y la capacidad de ejecutar políticas públicas con rigor técnico; de lo contrario, todo quedará reducido a un «idilio que no fue».
Si 2026 quiere ser recordado como un año de consolidación —y no como otro año de oportunidades perdidas—, la región deberá entender que la verdadera competitividad energética se construye en los detalles: en los contratos, en los procesos, en la independencia de los reguladores y en la coherencia del marco normativo. Ahí es donde se define si la ambición energética se convierte en realidad o se queda, una vez más, en el papel.
En ese contexto, quienes tenemos una alta vinculación sectorial y experiencia práctica en mercados regulados estamos llamados a asumir un rol activo desde la consultoría especializada, contribuyendo al fortalecimiento de los marcos regulatorios, al diseño técnico de los procesos y a la adecuada estructuración contractual de los proyectos. Solo así será posible generar la certeza, la bancabilidad y la seguridad jurídica que requieren tanto las iniciativas que se formalizarán en 2026 como aquellas que continuarán su ejecución constructiva o iniciarán su operación comercial.
Sobre el autor. Abogado y consultor internacional especializado en regulación, gobernanza y políticas públicas en sectores estratégicos. Ha asesorado a gobiernos, reguladores, empresas del sector eléctrico e inversionistas en Centroamérica y el Caribe. Es fundador de Core Alliance Inc. y ha sido reconocido como Energy Lawyer of the Year en Costa Rica en 2022 y 2024. Actualmente integra el panel de expertos de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), integra el Comité de Disputas del CICA-AMCHAM) y es miembro del Consejo Asesor de la Global Energy Law and Sustainability Journal de la Universidad de Dundee (Escocia).
