La gestión adecuada de los residuos sólidos constituye una necesidad impostergable para la República Dominicana. Nadie discute que el país requiere un sistema moderno, sostenible y financieramente viable para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales de las próximas décadas. Sin embargo, tan importante como el objetivo es la forma en que se construyen las normas que lo hacen posible.
Resulta preocupante que, a pocas horas de vencer el primer plazo para el pago de la contribución establecida en la Ley 225-20, el Congreso Nacional impulse una nueva modificación con un trámite de urgencia, sin un proceso amplio de consultas ni un análisis técnico que permita evaluar con profundidad sus efectos económicos y jurídicos.
La reforma aprobada por el Senado incrementa de manera considerable la contribución que deberán realizar las grandes empresas, elevando el aporte máximo de RD$675,000 a RD$3 millones anuales. Independientemente de que pueda existir mérito en revisar la escala de aportes o corregir distorsiones de la ley vigente, el país merece un debate transparente, participativo y basado en evidencia.
Las reformas tributarias o parafiscales no deben responder al calendario de vencimientos administrativos. Mucho menos cuando afectan la planificación financiera de empresas que generan empleos, inversión y actividad económica. La seguridad jurídica exige reglas claras, estabilidad normativa y períodos razonables de adaptación.
No es casual que organizaciones como el Conep, la AIRD y Asonahores hayan expresado preocupación por el uso recurrente del procedimiento de urgencia para modificar leyes de alto impacto económico. Tampoco debe ignorarse que otros sectores, como los comerciantes organizados, respaldan la reforma porque entienden que corrige cargas que afectaban desproporcionadamente a las mipymes. Precisamente esa diversidad de posiciones evidencia la necesidad de un diálogo más amplio y de una evaluación técnica que permita construir consensos.
La gestión de residuos necesita recursos, pero también legitimidad. Un sistema de contribuciones será más sostenible si quienes lo financian perciben que responde a criterios de equidad, proporcionalidad y transparencia. La discusión no debe limitarse al monto que paga cada empresa, sino incorporar variables como el volumen de residuos generado, el impacto ambiental de cada actividad y los incentivos para reducir, reutilizar y reciclar.
Ahora la responsabilidad recae sobre la Cámara de Diputados. Más allá de aprobar o rechazar la iniciativa, tiene la oportunidad de fortalecer el proceso legislativo y enviar una señal de confianza al país: que las reformas estructurales se construyen mediante el diálogo, la deliberación técnica y el respeto a la institucionalidad.
La República Dominicana necesita una política moderna de gestión de residuos. Pero también necesita un Congreso que legisle con previsión, no con premura. Porque las buenas leyes no solo se miden por sus objetivos, sino también por la calidad del proceso que les da origen.
