El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) reafirmó este jueves que el fortalecimiento del financiamiento sostenible y de los mecanismos de gestión del riesgo climático constituye una prioridad para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal de la República Dominicana frente a los crecientes impactos del cambio climático.
La posición fue expuesta por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, durante su participación en la Semana Nacional de Financiamiento Climático, donde representó al Ministerio y presentó la estrategia que impulsa la institución para integrar la sostenibilidad en la política fiscal, la gestión de la deuda pública y el financiamiento del desarrollo.
Martínez sostuvo que el cambio climático representa un desafío económico que exige fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar instrumentos financieros que permitan reducir la vulnerabilidad del país, especialmente por su condición de pequeño Estado insular.
“Desde el Ministerio de Hacienda y Economía reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales, la transparencia y la gestión responsable de los recursos públicos como pilares fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático. Financiar la resiliencia climática también significa proteger el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y garantizar mejores oportunidades para las futuras generaciones”, expresó.
La funcionaria explicó que la estrategia del Ministerio parte de la premisa de que la acción climática no solo busca proteger los recursos naturales, sino también preservar la estabilidad de las finanzas públicas, reducir los riesgos económicos asociados a los eventos extremos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a futuras contingencias.
En ese sentido, destacó que la República Dominicana dispone de herramientas que respaldan esta política, entre ellas metas climáticas nacionales, una Taxonomía Verde, un Marco de Financiamiento Sostenible y una cartera de proyectos elegibles para recibir recursos destinados a iniciativas ambientales y de desarrollo.
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Martínez resaltó además la emisión del primer Bono Verde Soberano de la República Dominicana como uno de los principales avances del país en materia de financiamiento sostenible.
“La emisión del Bono Verde Soberano representó un hito para la República Dominicana, no solo porque permitió canalizar recursos hacia proyectos con beneficios ambientales concretos, sino porque demostró que es posible vincular la gestión responsable de la deuda pública con objetivos de sostenibilidad”, afirmó.
Recordó que la colocación, por US$750 millones, recibió una demanda significativamente superior al monto ofertado, reflejando la confianza de los inversionistas internacionales en la estrategia económica y fiscal del país.
La viceministra también subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo los sistemas de identificación, seguimiento y reporte de las inversiones climáticas, al considerar que la transparencia y la trazabilidad son factores determinantes para atraer financiamiento verde y movilizar capital hacia proyectos de desarrollo sostenible.
La Semana Nacional de Financiamiento Climático, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo de organismos internacionales, reúne durante tres días a representantes del Gobierno, el sistema financiero, el sector privado, la cooperación internacional y la academia para promover mecanismos que impulsen una economía más resiliente y baja en carbono.
Durante la apertura del evento participaron, además, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Santiago Fuentes Milani; la embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen; y el expresidente de las Naciones Unidas y actual presidente de la Asamblea del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), Ban Ki-moon, mediante un mensaje especial.
Con esta participación, el Ministerio de Hacienda y Economía reafirma su apuesta por incorporar criterios de sostenibilidad en la política fiscal y en la gestión del financiamiento público, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la resiliencia económica del país frente a los efectos del cambio climático.
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