El anuncio de la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 12.5% de arancel a las exportaciones dominicanas hacia ese país, ha creado incertidumbres en el Gobierno y el sector empresarial exportador, quienes han reaccionado con cautela apelando al diálogo y la estrategia ante su principal socio comercial.
Según un análisis del impacto comercial del arancel adicional del 12.5%, realizado por la firma consultora Naut & Associates, señala que los principales productos afectados serían: los instrumentos y aparatos médicos, cigarros, disyuntores, joyería, t-shirts y camisetas, aparatos de electrodiagnóstico, preparaciones farmaceúticas, artículos plásticos, y cacao en grano.
La investigación expone que el sector más vulnerable, estructuralmente, es el de confecciones de zona franca, pues además de quedar en la categoría del 12.5%, frente al 10% de competidores como Guatemala, El Salvador y Honduras, esto representa una desventaja compuesta (de tasa base) frente a Centroamérica.
En el caso de los dispositivos médicos, se expone que, pese a ser el más expuesto en términos de valor, éste opera mayoritariamente bajo esquemas de manufactura por contrato (contract manufacturing) para multinacionales con múltiples plantas globales, lo que en principio facilitará el traslado del costo dentro de la cadena de suministro corporativa, pero también eleva el riesgo de mediano plazo de relocalización de nuevas líneas de producción hacia jurisdicciones con arancel de 10%, como México, si la brecha persiste.
Sobre el sector tabacalero señala que, aunque enfrenta un consumidor final relativamente inelástico en el segmento premium, ya ha estado absorbiendo incrementos arancelarios sucesivos desde 2025, y este nuevo incremento dice viene a erosionar los márgenes de fabricantes dominicanos e importadores/distribuidores estadounidenses, ante un competidor como Honduras, que sí calificó para una tasa preferencial del 10%.
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El diferencial arancelario de 2.5 puntos porcentuales frente a competidores directos de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) y de otros orígenes relevantes (México, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Jordania), sumado a la ausencia de un mecanismo de exención sectorial bajo el DR-CAFTA, del cual Guatemala y El Salvador sí se benefician expresamente, configura una desventaja competitiva estructural para el país en los sectores de manufactura ligera y ensamblaje que sostienen el empleo formal de sus zonas francas”, sostiene el análisis.
Destaca como un hallazgo central de la revisión del documento oficial emitido por Estados Unidos, que la República Dominicana no cuenta con un anexo de exenciones específico por país, a diferencia de otras doce economías o bloques que sí lo obtuvieron tras el proceso de comentarios y audiencias públicas, como son Reino UNido, Unión Europea, Suiza, Malasia, Camboya, Guatemala, El Salvador, Argentina, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, Ecuador y Jordania.
Apunta que la ausencia de un anexo propio significa que, mientras países como Guatemala o El Salvador lograron excluir productos puntuales de su interés nacional, además de beneficiarse ya de la tasa preferencial del 10%, República Dominicana no obtuvo, en esta ronda, ninguna concesión de producto adaptada a su canasta exportadora.
“Este es un punto de atención estratégica: sugiere que, a diferencia de Ecuador, Argentina, El Salvador o Guatemala (cuyas determinaciones citan expresamente compromisos en un ART), la República Dominicana no habría presentado, o no habría obtenido reconocimiento de, una propuesta de compromiso bilateral equivalente antes del cierre del proceso el 23 de julio de 2026”, expone la firma consultora.
El análisis refiere que este arancel adicional del 12.5% tendrá un impaco considerable en la economía nacional, pus elevará el costo de aterrizaje de los productos dominicanos en el mercado estadounidense.
Explica que esto se traduce, según la capacidad de cada exportador de trasladar el costo, en una combinación de: encarecimiento al consumidor final estadounidense, con eventual pérdida de cuota de mercado frente a orígenes con menor
arancel; compresión de márgenes de las empresas exportadoras y de sus contrapartes en Estados Unidos; o una combinación de ambos efectos, distribuida de forma desigual según el poder de negociación y la elasticidad-precio de cada sector.
El Gobierno de Estados Unidos impuso un arancel adicional del 12.5% sobre la totalidad de los bienes originarios de la República Dominicana, con vigencia inmediata a partir del 24 de julio de 2026. La medida es resultado de 60 investigaciones abiertas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que determinó que 54 economías no han impuesto ni aplicado de forma efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Empresarios reaccionan con cautela
El sector empresarial e industrial, liderados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industria (AIRD) se mostraron reflexivos respecto a la medida anunciada, indicando que es necesario evaluar su alcance, determinar con certeza sus implicaciones y definir una estrategia nacional que fortalezca la competitividad del país y la confianza de sus principales socios comerciales.
En tanto, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) consideró que esto representa un nuevo desafío para el comercio internacional y llamó a abordarlo con serenidad, una estrategia definida y una coordinación permanente entre los sectores público y privado.
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