El Senado autorizó un préstamo de US$200 millones para financiar parte de la Política Nacional de Seguridad Vial. La inversión responde a que la República Dominicana enfrenta una crisis permanente de movilidad y figura entre los países con mayores índices de siniestralidad vial de la región. Sin embargo, la urgencia del problema no exime al Estado de explicar con absoluta claridad cómo se administrarán esos recursos, cuáles serán las prioridades de inversión y qué resultados concretos espera alcanzar.
El programa prevé destinar US$139 millones a la intervención de corredores troncales, US$20 millones a mejorar la seguridad vial en 286 centros educativos y US$35 millones al fortalecimiento de la gestión del tránsito, que incluye la implementación del Sistema Integral de Control y Monitoreo de Velocidad (Sicmov), el Registro Nacional de Motocicletas, la licencia por puntos y programas de educación vial. Son objetivos razonables, pero el éxito del financiamiento dependerá mucho más de su ejecución que de su diseño.
Cada nuevo préstamo incrementa el compromiso del Estado con los contribuyentes. Por esa razón, no basta con presentar un listado de obras y programas. También es necesario conocer los criterios que determinarán dónde se invertirán los recursos, el cronograma de ejecución, las metas que se pretenden alcanzar y los indicadores que permitirán evaluar si la inversión realmente redujo los accidentes, mejoró la movilidad y fortaleció la seguridad vial.
La experiencia demuestra que los problemas del tránsito no obedecen únicamente a la falta de dinero. También responden a debilidades institucionales, escasa coordinación, limitada fiscalización y una aplicación irregular de la ley. Ninguno de esos desafíos desaparecerá con un préstamo si no existe una gestión eficiente y una supervisión permanente.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que cada dólar de esta operación esté respaldado por información pública, auditorías, informes periódicos y resultados verificables. La transparencia no debe comenzar cuando las obras concluyan; debe acompañar todo el proceso, desde la planificación hasta la evaluación final.
La seguridad vial necesita inversión, pero también necesita confianza. Y esa confianza solo se construye cuando las instituciones demuestran que administran los recursos públicos con eficiencia, transparencia y responsabilidad.
