El 29 y 30 de enero pasado, El Salvador y Guatemala firmaron sus Acuerdos de Comercio Recíproco (ART) con EUA. En cualquier momento, la implementación de esos ART podría iniciarse. ¿Qué implicaría eso? Que a cambio de El Salvador y Guatemala eliminar las barreras no arancelarias incluyendo las trabas administrativas a las importaciones de productos agrícolas e industriales estadounidenses, simplificar las regulaciones para el ingreso de productos estadounidenses y detener el ingreso de productos importados procedentes de países donde prevalecen prácticas de trabajo forzoso, EUA eliminaría el arancel de 10% a la mayor parte (más del 70%) de las exportaciones que realizan El Salvador y Guatemala.
Mientras eso pudiese ocurrir en cualquier momento, República Dominicana enfrenta no sólo una tarifa de 10% en sus exportaciones hacia EUA, sino que, ante la percepción de Washington de que no hemos sido lo suficientemente rápidos y decididos para implementar medidas que impidan el ingreso de productos importados desde países con prácticas de trabajo forzoso, nos añadieron un 2.5% extra por nuestra parsimonia en atender la solicitud de nuestro principal socio comercial. En otras palabras, El Salvador y Guatemala, en cualquier momento, podrían estar recibiendo el mismo trato que recibe México: arancel 0% para sus exportaciones a EUA, mientras que los exportadores de RD, incluyendo las manufacturadas en los parques de zonas francas, seguirían gravadas con 12.5%. Horas antes de entrar en vigor el 12.5%, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26 que prohíbe la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y establece un mecanismo para investigar y bloquear el ingreso de esos productos. Por alguna razón, esa acción no ha logrado la eliminación de la sobretasa arancelaria de 2.5%.
El Poder Ejecutivo activó una mesa interinstitucional y gestiones diplomáticas a través de Industria y Comercio (MICM), Relaciones Exteriores (MIREX) y Hacienda y Economía (MHyE) para gestionar ante EUA la revisión y eliminación del arancel de 12.5% que grava las exportaciones dominicanas hacia EUA. El MICM parece haber llevado la voz cantante, dejando saber a los medios que se han realizado 22 reuniones con el USTR. Hasta ahora se desconocen los avances para un eventual ART entre EUA y RD o los detalles sobre el intercambio de concesiones potenciales que pueden haber sido plasmados en acuerdos de no divulgación (NDA) entre las partes. Lo que sí se conoce es que el pasado viernes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó a Washington para conversar con el presidente Trump sobre diferentes temas, incluyendo las relaciones comerciales de los dos países. Esta visita ha generado preocupación en algunos sectores empresariales de RD pues temen que la misma pueda acelerar la fecha de implementación del ART entre EUA y El Salvador. No hay que dar muchas vueltas para entender el impacto negativo que tendría para RD si los países de Centroamérica que compiten con nosotros, especialmente en las exportaciones de manufactura de zonas francas, consiguen exportar a EUA libres de arancel (0%) mientras que nuestras exportaciones son gravadas con 12.5%.
El año pasado, las exportaciones de zonas francas crecieron 6.8%. En enero-marzo de 2026, con relación al mismo trimestre de 2025, el Banco Central situó el crecimiento en 6.0%. Pero ese crecimiento ha ido perdiendo ímpetu. En los primeros 7 meses de este año, con relación al mismo período en 2025, el crecimiento se ha reducido a 3.9%, según los registros de la DGA. Parecería que el dinamismo del sector de zonas francas ha comenzado a ser erosionado por la evidente desventaja competitiva generada por la política arancelaria de EUA, nuestros problemas para reaccionar temprano a los requerimientos de nuestro principal socio comercial y la irrupción de una política doméstica de ajustes de salarios que parecen responder más a una estrategia redistributiva y populista que a métricas reales que identifiquen mejoras en la productividad laboral. A todo lo anterior se añade una fuerte apreciación del peso dominicano.
Mientras en el período 2012-2019 el salario mínimo (incluyendo el incentivo mensual pagado por productividad), medido en dólares, creció a una tasa anual promedio de 4.3%, en el período 2024-2026 creció a una tasa anual promedio de 12.3%, casi el triple. Si estuviésemos solos en el mundo, esta decisión no acarrearía serios problemas. Lamentablemente, no lo estamos. Mientras el crecimiento acumulado del salario mínimo para las zonas francas de RD decidido por el Comité Nacional de Salarios ha sido de 32.8% en el período 2023-2026, en Honduras, Guatemala y El Salvador fue de 23.6%, 16.4% y 12.0%, respectivamente. Mientras los inversionistas extranjeros que analizan la tendencia de los diferenciales arancelarios entre Centroamérica y RD envían señales claras de detener y suspender las inversiones de capital (CAPEX) para expandir su presencia o instalarse en nuestros parques de zonas francas, el matrimonio de la apreciación del peso y el populismo salarial se encargan de comprimir los ingresos y expandir los gastos operacionales (OPEX). La suma de un arancel a nuestras exportaciones de 12.5%, un aumento salarial acumulado de 32.9% y una apreciación del peso de 8% en lo que va de año da origen a un comején devorador de la rentabilidad de las empresas de zonas francas.
Estamos conscientes de que a medida que nos aproximamos a las elecciones de 2028 los miembros del partido de gobierno, incluyendo a los que sirven como funcionarios, podrían verse motivados a desviar parte de su tiempo al “trabajo político”. Lamentablemente, en esta ocasión, frente a lo que podría convertirse en un “perfect storm” para el sector de las zonas francas, hay que acelerar e intensificar los esfuerzos para evitar la formación de una tormenta capaz de generar un tsunami de empresas de zonas francas emigrando hacia otras geografías, una sequía del flujo de inversión extranjera directa hacia este sector y una destrucción lamentable de empleos. Recordemos que el matrimonio de la apreciación de 39% del peso dominicano que se produjo en el primer semestre del 2005 con relación al mismo período en 2004 y la culminación el 1ro. de enero de 2005 del Acuerdo de Multifibras, provocó una pérdida de más de 68,000 empleos directos en el sector de zonas francas. No se perdieron más porque el gobierno del presidente Fernández, ante el colapso de los ingresos en pesos de las empresas de zonas francas provocados por la apreciación del peso, tomó la decisión de asumir, a través del Ministerio de Hacienda, una parte del pago de la nómina mensual de las empresas de zonas francas. En caso de que el “trabajo político” de nuestros funcionarios, por razones entendibles, no pueda tomar una pausa, posiblemente el país va a necesitar que el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado del listado de facilidades y apoyos incondicionales que nuestro gobierno ha brindado al de EUA, asuma el liderazgo de la negociación, tal y como lo ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
