Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la terminación de los contratos de concesión minera otorgados a Falconbridge Dominicana (Falcondo) para la explotación de Quisqueya I, luego de determinar que la empresa incumplió obligaciones vinculadas con la actividad minera, compromisos económicos y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA al acoger la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano. La medida pone fin a unas concesiones otorgadas hace casi siete décadas, mediante contratos suscritos en 1956 y 1969.
La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, corresponde a la concesión de Quisqueya I, que comprende una extensión de 22,392 hectáreas entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.
Uno de los elementos considerados por el tribunal fue la paralización de las operaciones productivas en Quisqueya desde el 17 de noviembre de 2023, fecha respaldada por una certificación de la Dirección General de Minería.
A esa situación se sumó la falta de entrega de los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, así como de los informes anuales de operaciones correspondientes a 2023 y 2024.
Para el TSA, estas omisiones estaban relacionadas directamente con compromisos esenciales de la concesión, entre ellos la explotación efectiva de los recursos mineros otorgados por el Estado y el suministro de información a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
El tribunal también entendió que la paralización de la concesión tenía implicaciones sobre el interés general asociado al aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, por lo que consideró que los incumplimientos tenían la gravedad necesaria para disponer la terminación de los contratos.
La decisión judicial se produce luego de un período de paralización que tuvo consecuencias laborales y económicas en Monseñor Nouel, donde la actividad de Falcondo llegó a sostener más de mil empleos directos, además de una red de contratistas y suplidores.
Durante 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones mediante la intervención del Fonper. Posteriormente, otro grupo de exempleados fue desvinculado en marzo de 2026 y mantiene reclamaciones laborales que sus voceros estiman en aproximadamente RD$300 millones.
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A esto se suman las obligaciones pendientes con empresas relacionadas con la operación. Acreedores han estimado en más de US$100 millones las deudas con más de un centenar de compañías vinculadas a la actividad minera. El cese de las operaciones también provocó una reducción significativa de la circulación de efectivo en Monseñor Nouel, de acuerdo con planteamientos realizados por el sector empresarial de la provincia.
La terminación de los contratos de concesión dispuesta por el TSA no significa la liquidación de Falcondo. La empresa mantiene un proceso de reestructuración mercantil iniciado bajo la Ley 141-15, a solicitud de sus acreedores. Este procedimiento continúa por una vía judicial independiente y deberá definir el tratamiento de las acreencias y demás pasivos de la compañía.
La decisión adoptada por el Tribunal Superior Administrativo se circunscribe a los contratos mediante los cuales el Estado dominicano concedió a Falcondo los derechos de explotación minera sobre Quisqueya I. En el proceso, el Estado estuvo representado por el Fonper y contó con la asistencia legal de los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, de la firma León & Raful.
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