Santo Domingo. – Durante décadas, el sector eléctrico dominicano ha trasladado al presupuesto público una carga extraordinaria. Gobiernos de distintos períodos han destinado miles de millones de dólares a cubrir las insuficiencias de un sistema marcado por pérdidas técnicas y comerciales, conexiones ilegales, deficiencias de medición, facturación y cobranza, subsidios generalizados, debilidad institucional e inversiones que no han avanzado al ritmo requerido.
El hoyo fiscal eléctrico no nació en 2026. Su persistencia y creciente magnitud obligan a formular preguntas que ya no pueden responderse solo con explicaciones coyunturales. Mientras tanto, el país continúa destinando a este agujero recursos que podrían financiar infraestructura productiva, educación, salud, agua potable, seguridad ciudadana y otras necesidades fundamentales del desarrollo nacional.
De mantenerse el ritmo observado, las necesidades financieras y los subsidios del sector podrían situarse en 2026 entre RD$110,000 y RD$120,000 millones. Esa cifra equivale aproximadamente al presupuesto conjunto de doce ministerios: Agricultura; Industria, Comercio y Mipymes; Turismo; Cultura; Trabajo; Administración Pública; Energía y Minas; Mujer; Juventud; Justicia; Deportes y Recreación; y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (unos RD$109,984 millones).
La comparación tiene como propósito dimensionar el costo de oportunidad que soporta la sociedad dominicana. Una proporción considerable de esos recursos no se destina a construir plantas más eficientes, ampliar la transmisión, rehabilitar redes, instalar medidores inteligentes o incorporar almacenamiento. Se destina a pagar las consecuencias de un problema que continúa reproduciéndose.
Una cosa es invertir para transformar el sistema. Otra muy distinta es pagar recurrentemente por sus deficiencias.
Una hipótesis que el país merece examinar
Las explicaciones tradicionales concentran correctamente una parte importante de la responsabilidad en las empresas distribuidoras, donde se acumulan las mayores pérdidas, el fraude y la diferencia entre la energía comprada y la efectivamente facturada y cobrada.
Existe, sin embargo, otra dimensión que debe examinarse con igual profundidad: la relación entre el crecimiento de la demanda, la incorporación oportuna de generación eficiente y la forma en que se determina el precio en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Nuestra hipótesis es porque la expansión tardía de la generación eficiente, la transmisión y el almacenamiento puede producir un resultado económicamente conveniente para determinados participantes: obliga a utilizar unidades más costosas, eleva el precio del mercado spot y transfiere al Estado una parte creciente del costo. Si ese resultado es producto exclusivo de errores de planificación e ineficiencia, o si también responde a incentivos e intereses consolidados, es precisamente lo que el país tiene derecho a conocer.
Los generadores privados poseen experiencia, capital y acceso al financiamiento. El Estado cuenta con experiencias de generación pública, como Punta Catalina, y con modalidades de colaboración público-privada. ¿Por qué, entonces, la expansión de la generación eficiente, la transmisión, el almacenamiento y la capacidad de reserva no se produce siempre con la anticipación necesaria?
La responsabilidad principal de asegurar que la oferta eficiente se anticipe al crecimiento de la demanda corresponde al Estado. Pero también corresponde examinar si los participantes privados han tenido incentivos suficientes para impulsar esa expansión o si algunos pueden obtener mayores beneficios de un mercado estrecho que de uno abundante y competitivo.
El verdadero desafío no es comparar capacidad nominal instalada con demanda máxima. Una planta registrada como disponible puede estar fuera de servicio, sin combustible o limitada por problemas técnicos. Una instalación renovable sin almacenamiento no necesariamente responde en las horas críticas. Una planta ubicada donde la transmisión es insuficiente tampoco resuelve las necesidades de los principales centros de consumo. El país necesita capacidad firme, eficiente, flexible y verdaderamente disponible.
Cuando esa capacidad no entra a tiempo, el sistema opera con márgenes más estrechos y se ve obligado a recurrir a unidades más costosas. Es aquí donde aparece una pregunta económica fundamental.
¿Cómo se determina el precio?
El Mercado Eléctrico Mayorista se divide en un mercado de contratos y un mercado spot. En el de contratos se pactan precios y cantidades. En el spot, las transacciones se valoran según el costo marginal de corto plazo: la unidad requerida para satisfacer el último incremento de la demanda contribuye a determinar ese precio.
Si esa unidad utiliza un combustible costoso o tiene baja eficiencia, el costo marginal aumenta. Las plantas más eficientes expuestas al spot pueden recibir ese precio y obtener una diferencia favorable. Entre enero y agosto de 2024, las distribuidoras compraron aproximadamente el 23 % de la energía en el mercado spot, pero esa proporción representó alrededor del 31 % de la factura total de compra. Además, cuando se ordena operar una unidad cuyo costo supera el marginal reconocido, la regulación contempla compensaciones por despacho forzado.
La entrada de unidades ineficientes puede, por tanto, encarecer el sistema por dos vías: el aumento del precio marginal y las compensaciones adicionales.
En un mercado marginalista, una oferta eficiente y suficiente tiende a reducir el costo de la última unidad necesaria. Cuando las inversiones se retrasan, ocurre lo contrario: sube el precio del spot, se elevan las compras de las distribuidoras y el Estado termina cubriendo una parte importante de la diferencia. La escasez puede convertirse, así, en una fuente de rentabilidad para determinados participantes.
Esto no prueba que los generadores provoquen deliberadamente la falta de capacidad. Las inversiones dependen de concesiones, permisos, licitaciones, financiamiento y decisiones públicas que pueden retrasar los proyectos. Tampoco sería justo desconocer las inversiones importantes que numerosos generadores han realizado.
Pero, precisamente porque intervienen decisiones públicas e intereses privados, el Estado tiene la obligación de explicar con transparencia cómo se planifica la expansión, qué proyectos se han retrasado, cuáles fueron sus causas, qué efectos produjeron sobre los precios, quiénes resultaron beneficiados y cuánto terminó pagando la nación.
Un equilibrio perjudicial
La permanencia del hoyo eléctrico podría haber creado un equilibrio profundamente dañino: los generadores suministran y cobran; determinados consumidores reciben el servicio sin pagarlo; las distribuidoras compran energía que no consiguen medir, facturar y cobrar completamente; y el Gobierno cubre la diferencia con impuestos, endeudamiento y sacrificio de otras prioridades.
En ese esquema, cada participante puede encontrar una comodidad temporal, excepto la nación, que termina pagando el costo completo.
Si, además, la incorporación tardía de generación eficiente contribuye a mantener elevados los precios del spot y las compensaciones, la pregunta resulta inevitable:
¿Estamos frente a un problema que el país no ha podido resolver o frente a un problema cuya solución definitiva afectaría intereses económicos y políticos consolidados?
Formulamos esta pregunta como un llamado indispensable a la transparencia. La insuficiencia de información pública impide determinar si el resultado observado es solo consecuencia de errores de planificación e ineficiencia, o si también existen incentivos que favorecen la permanencia del problema. El propio Fondo Monetario Internacional advirtió en 2026 que los riesgos fiscales asociados a los contratos eléctricos de largo plazo no son monitoreados ni divulgados adecuadamente.
Las explicaciones que el Estado debe ofrecer
El Gobierno debe presentar un informe técnico, financiero y contractual que permita conocer:
- La demanda proyectada y la capacidad firme verdaderamente disponible.
- Las plantas en construcción, sus fechas reales de entrada y los proyectos retrasados con sus causas y efectos económicos.
- Las limitaciones en transmisión, almacenamiento, reservas y combustibles.
- La proporción de compras por contratos y en el mercado spot, los precios pagados y las diferencias.
- Las unidades que determinan con mayor frecuencia el costo marginal y los montos por despacho forzado.
- Las fórmulas de indexación de los contratos de largo plazo y los riesgos fiscales asumidos por el Estado.
- Los participantes que reciben los mayores pagos en el mercado spot y por compensaciones.
- El nivel de pérdidas, fraude, falta de medición y morosidad de cada distribuidora, e instituciones y segmentos con mayores incumplimientos.
- Los responsables del incumplimiento de las metas de reducción de pérdidas y expansión del sistema.
Se trata de determinar si la rentabilidad se obtiene dentro de un mercado competitivo, transparente y compatible con el interés nacional, o si está siendo favorecida por retrasos y debilidades regulatorias cuyo costo se socializa.
La República Dominicana necesita inversión privada, pública y alianzas para garantizar un suministro suficiente, confiable y sostenible. Esas inversiones deben responder a una planificación rigurosa que anticipe la demanda, promueva la competencia e incorpore generación eficiente, transmisión y almacenamiento. Al mismo tiempo, la energía debe medirse, facturarse y cobrarse. Los subsidios deben concentrarse en quienes realmente los necesitan. El fraude y la falta de pago no pueden continuar tolerándose ni convertirse en instrumentos de clientelismo.
El país no puede continuar aceptando que las ganancias sean privadas, que el incumplimiento sea tolerado y que las pérdidas se transfieran colectivamente a los contribuyentes.
La pregunta ya no puede limitarse a cuánto dinero destina el Estado al sector eléctrico. También debemos preguntar quiénes se benefician de la permanencia del problema, cuáles decisiones se han dejado de tomar, quiénes incumplen sus responsabilidades y por qué la sociedad dominicana continúa pagando cada año una factura tan extraordinaria.
El sistema actual puede estar recompensando económicamente la escasez, mientras transfiere al Estado y a los contribuyentes el costo de la ineficiencia. Por eso, la nación tiene derecho a conocer quién decide, quién cobra, quién incumple, quién se beneficia y quién responde.
No estamos presentando una condena anticipada. Estamos reclamando información, rendición de cuentas y una investigación técnica independiente.
Porque cuando una ineficiencia se conoce, se financia durante décadas y no se corrige, la transparencia deja de ser una opción. Se convierte en una obligación nacional.
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