Santo Domingo.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) salió al frente de las informaciones sobre una sentencia que ordenaría a la institución pagar US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, por un litigio relacionado con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, al considerar que las publicaciones difundidas ofrecen una visión incompleta del proceso judicial.
La institución explicó que el caso tiene una trayectoria procesal extensa, en la que han intervenido distintos tribunales, incluido el Tribunal Superior de Tierras, además de recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
El Banco Central precisó que la decisión emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional todavía está sujeta a los recursos previstos por la legislación dominicana, incluido su conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.
Al explicar el origen de la operación que dio lugar al litigio, el BCRD señaló que la transferencia de los terrenos estuvo vinculada al pago de acreencias que mantenían contratistas del Estado dominicano por los trabajos de ampliación de la Autopista Duarte.
La institución indicó que, a partir de 1999, entregó terrenos de su propiedad situados en Herrera a los contratistas correspondientes, mediante la figura de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano.
Según explicó, la operación se realizó a requerimiento del Poder Ejecutivo y contó previamente con la autorización de la Junta Monetaria.
El Banco Central detalló que estos terrenos formaban parte de una operación de permuta suscrita con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el 18 de octubre de 1999, contrato que posteriormente fue aprobado por el Congreso Nacional.
Mediante ese acuerdo, el CEA se comprometió a entregar al Banco Central terrenos localizados en el municipio de San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, como contraprestación por los terrenos que la institución transfirió a los contratistas para saldar la deuda que estos mantenían con el Estado.
A partir de estos antecedentes, el Banco Central rechazó cualquier interpretación que presente su participación en la operación como una apropiación ilegal de terrenos o como una actuación dirigida a perjudicar a los contratistas.
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La institución sostuvo que su actuación se desarrolló dentro de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas en el marco de esa operación.
El BCRD también reiteró su respeto a la institucionalidad, al debido proceso y a las decisiones adoptadas por los tribunales dominicanos.
Al mismo tiempo, indicó que se reserva el ejercicio de los recursos legales que correspondan para defender los intereses del Estado dominicano y de la propia institución.
El Banco Central informó además que continuará presentando ante las instancias correspondientes los documentos y argumentos jurídicos que sustentan su actuación, con el propósito de aportar elementos que permitan precisar los hechos y las responsabilidades vinculadas con el proceso judicial.
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