Santo Domingo.– El crecimiento del transporte aéreo dominicano, reflejado en el movimiento de más de 10 millones de pasajeros comerciales durante el primer semestre de 2025, ha puesto bajo discusión si la estructura institucional encargada de regular y supervisar la aviación civil está preparada para responder a las dimensiones que ha alcanzado el sector, según las estadísticas de la Junta de Aviación Civil (JAC).
Este escenario cobra relevancia ante la propuesta del asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil, Héctor Porcella, de impulsar una nueva Ley de Aviación y crear una Superintendencia de Aviación Civil, con una estructura común para integrar funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintos organismos.
La iniciativa supone revisar un modelo institucional sustentado fundamentalmente en la Ley 491-06 de Aviación Civil, promulgada hace casi dos décadas, cuando la actividad aérea y la conectividad internacional del país tenían una dimensión considerablemente menor.
Ante este escenario, el presidente de la Asociación Dominicana de Tripulantes de Cabina (ADTC), Alfredo Hernández Paz, consideró que la propuesta debe ser analizada dentro de una discusión más amplia sobre la estructura y el funcionamiento institucional de la aviación dominicana.
“La aviación dominicana necesita una visión integral y una dirección coordinada que permita trabajar con mayor eficiencia, transparencia y unidad de criterios”, afirmó.
Uno de los elementos que alimenta la discusión es la antigüedad del principal marco legal que organiza el sector. La Ley 491-06 de Aviación Civil fue promulgada hace casi 20 años, cuando la dimensión y la conectividad de la aviación dominicana eran considerablemente menores.
La propuesta de una nueva legislación implicaría, por tanto, revisar un modelo institucional concebido bajo unas condiciones distintas a las que presenta actualmente el transporte aéreo.
En ese contexto aparece la posibilidad de crear una Superintendencia de Aviación Civil, con la intención de integrar funciones que hoy están repartidas entre diferentes organismos.
Hernández Paz sostuvo que una eventual reorganización puede contribuir a mejorar la coordinación institucional, pero advirtió que cualquier modificación debe preservar las capacidades técnicas que requiere la aviación.
Entre los aspectos que considera indispensables están la seguridad operacional, la independencia de las áreas técnicas especializadas y el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen la aviación civil.
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“Unificar no debe significar debilitar las funciones técnicas ni los derechos adquiridos. Debe significar mayor coordinación, instituciones más eficientes y mejores oportunidades para los profesionales y los jóvenes que desean desarrollarse en la aviación”, señaló.
Para el presidente de la ADTC, la eventual transformación del esquema institucional no debería quedar limitada a las autoridades. Consideró necesaria la participación de aerolíneas, centros de instrucción, profesionales, trabajadores y organizaciones vinculadas al sector en la discusión de una posible reforma.
El planteamiento coloca así sobre la mesa dos asuntos vinculados: la actualización del marco institucional de la aviación civil y la forma en que deben distribuirse y coordinarse las funciones de supervisión y regulación.
La discusión llega mientras el sector registra un volumen de pasajeros que refleja una actividad aérea de mayor dimensión. El desafío, según Hernández Paz, será avanzar hacia una estructura más coordinada y eficiente sin sacrificar la especialización técnica ni la seguridad operacional.
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