REPÚBLICA DOMINICANA. — Una inversión en infraestructura energética no se mide únicamente por el costo de construir una planta o por la rentabilidad que puede generar en sus primeros años. El capital puede quedar comprometido durante más de 25 años, mientras los activos pueden continuar operando durante cuatro décadas, lo que obliga a evaluar condiciones económicas, regulatorias, tecnológicas y financieras que trascienden los ciclos políticos y empresariales.
Ese es el horizonte desde el cual Osvaldo Oller Bolaños, CCO de Energas, plantea el análisis de las inversiones en generación eléctrica en República Dominicana.
“Cuando vemos la inversión en infraestructura energética hay que tomar en consideración que son inversiones que sobrepasan los 25 años. No son cinco años, no son 10 años. Ya hoy vemos activos que superan los 40 años”, explicó durante el panel “Cimientos para que la inversión eche raíces: Financiamiento e infraestructura energética”, celebrado en el marco del Foro Economía & Negocios 2026, organizado por Forbes República Dominicana junto a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
La duración de estos proyectos modifica el cálculo de riesgo. Para Oller, antes de comprometer capital deben analizarse la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, la rentabilidad, la disponibilidad de combustibles, la tecnología, el financiamiento y el impacto económico de la inversión.
Capital frente a ciclos de décadas
El primer elemento es la estabilidad del entorno en el que operará el activo. Para proyectos con horizontes superiores a 25 años, Oller considera relevante que existan condiciones macroeconómicas y políticas estables, además de seguridad jurídica y un marco que permita que la inversión trascienda los ciclos políticos.
A esa estabilidad se suma la rentabilidad ajustada al riesgo.
Por el tamaño de las inversiones y el período necesario para recuperar el capital, el retorno esperado debe compensar los riesgos relacionados con los ingresos, los costos y las condiciones técnicas de operación.
La disponibilidad del combustible también forma parte de esa ecuación, particularmente en proyectos de generación térmica. Oller señaló la importancia de contar con flexibilidad para utilizar diferentes combustibles cuando sea necesario, como mecanismo para reducir riesgos que puedan afectar la operación y, con ella, los ingresos del proyecto.
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La tecnología se compra para décadas
La selección tecnológica adquiere otra dimensión cuando el activo tendrá una vida útil prolongada.
Para Oller, la decisión tecnológica no termina en la adquisición de los equipos. También deben considerarse las condiciones de operación y mantenimiento que acompañarán a la infraestructura durante buena parte de su vida útil.
En ese sentido, Energas utiliza contratos de largo plazo para operación y mantenimiento de los equipos.
“Entramos en contratos a largo plazo de mantenimiento y operación, mucho más allá de 15 años, y es una manera de tener las garantías en los equipos que uno va comprando”, señaló.
La lógica responde a una necesidad concreta: reducir la incertidumbre sobre el desempeño de activos cuyo financiamiento y operación se extienden mucho más allá del momento en que fueron construidos.
El financiamiento depende de los ingresos futuros
El siguiente componente es el acceso al capital.
Oller explicó que, dadas las características del mercado eléctrico y de las empresas distribuidoras, los bancos que participan en estos proyectos necesitan evaluar la capacidad de generar los ingresos que respaldarán las inversiones.
La capacidad de financiamiento, por tanto, está vinculada a la capacidad del activo para generar flujos suficientes durante su operación.
Esto conecta la decisión de inversión con variables que van desde la tecnología y el combustible hasta las condiciones del mercado eléctrico y la estructura de ingresos del proyecto.
Pero para Energas el retorno financiero no es el único criterio.
El impacto se mide más allá de la planta
Oller planteó que una inversión energética también debe evaluarse por los efectos que genera sobre el costo y la confiabilidad de la electricidad y sobre la actividad económica del país.
“Es cómo esa inversión realmente va a ser algo positivo en el país: cómo vamos a tener una energía más asequible, cómo vamos a tener una energía más confiable, cómo vamos a tenerla mucho más competitiva”, afirmó.
Ese planteamiento lleva el análisis desde el activo individual hacia el funcionamiento del sistema energético.
Una planta no solo incorpora capacidad de generación. Dependiendo de la tecnología y de la infraestructura que la acompañe, puede modificar costos de operación, disponibilidad de combustible y condiciones para nuevas inversiones.
US$250 millones en una unidad de 130 MW
Energas utilizó dos inversiones propias para ilustrar ese impacto.
La empresa destinó US$250 millones a una unidad de generación de 130 megavatios, una inversión asociada, según explicó Oller, con las expectativas de crecimiento de la demanda energética posteriores a la pandemia.
La planta comenzó a operar a finales de 2025.
El proyecto se apoyó en una infraestructura que Energas desarrolló junto con AES y que incluyó un gasoducto desde Andrés, Boca Chica, hasta San Pedro de Macorís y un tanque de almacenamiento de gas natural, con una inversión aproximada de US$400 millones.
Esa infraestructura permitió convertir hacia gas natural varias unidades que utilizaban combustibles líquidos, con unos 300 megavatios de capacidad involucrada.
El cambio tuvo un efecto sobre los costos de generación. Según Oller, desde 2020 la reducción del costo marginal asociada con estas inversiones ha representado más de US$2,500 millones para el país.
La cifra fue presentada por el ejecutivo como una referencia del efecto económico que puede tener una inversión energética más allá de la generación que incorpora directamente.
De una planta al resto de la economía
Los proyectos citados por Energas plantean una lectura más amplia sobre la inversión energética.
El valor de una infraestructura eléctrica no termina en los megavatios que incorpora, sino que también puede estar relacionado con los costos de generación, la confiabilidad del suministro y las condiciones que crea para otras actividades económicas.
Esa perspectiva adquiere relevancia porque el capital destinado a energía debe permanecer expuesto al proyecto durante períodos que pueden superar los 25 años.
La estabilidad del país, la seguridad jurídica, la rentabilidad ajustada al riesgo, la disponibilidad de combustibles, la tecnología, los contratos de mantenimiento y la capacidad de generar ingresos pasan entonces a formar parte de una misma decisión de inversión.
Para Oller, el reto consiste en que ese capital encuentre condiciones para mantenerse productivo durante todo el ciclo del activo y, al mismo tiempo, genere una energía más asequible, confiable y competitiva para el sistema eléctrico y la economía dominicana.
