Santo Domingo.– La viabilidad de un proyecto minero debe establecerse a partir de investigaciones técnicas y ambientales que permitan determinar sus posibles efectos sobre los recursos naturales, sostuvo el director general de Minería, Rolando Muñoz, durante su participación en el programa RD Debate.
Al abordar el dilema entre los beneficios económicos de la minería y la protección de las fuentes de agua de las comunidades, el funcionario planteó que la generación de empleos, inversiones e ingresos no debe justificar una iniciativa que comprometa el acceso a ese recurso.
“Yo pienso que ningún proyecto que ponga en peligro el uso de un recurso tan importante como el agua se debe tomar en consideración”, expresó Muñoz al responder una pregunta sobre los criterios que deben pesar en las decisiones relacionadas con la explotación minera.
El director de Minería sostuvo que corresponde a los estudios determinar si un proyecto puede desarrollarse y bajo cuáles condiciones. En ese sentido, defendió que las decisiones no se fundamenten únicamente en las expectativas económicas de una explotación, sino en los resultados de las investigaciones realizadas.
Muñoz también señaló que la evaluación debe apoyarse en el conocimiento técnico y académico, al considerar que son esas instancias las que deben aportar los elementos necesarios para determinar cómo proceder ante una propuesta minera.
“Puede ser en San Juan, puede ser en otro lugar”, indicó, al referirse a la necesidad de aplicar ese criterio sin limitarlo a una provincia o iniciativa específica.
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Estudios antes de someter los proyectos a evaluación
Durante su intervención, Muñoz insistió en que los trabajos de investigación deben concluir antes de que un proyecto sea sometido a consideración de las autoridades. Explicó que ese procedimiento forma parte de las obligaciones establecidas en la legislación ambiental dominicana.
El funcionario hizo referencia a la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, al señalar que los proyectos mineros deben contar con estudios de impacto ambiental que permitan examinar sus posibles consecuencias.
Su planteamiento sitúa la evaluación científica como una etapa fundamental para determinar la viabilidad de estas iniciativas, especialmente cuando existen inquietudes sobre la conservación del agua y otros recursos de los que dependen las comunidades.
La discusión se produce en medio del debate sobre la actividad minera en República Dominicana y las preocupaciones ambientales vinculadas a proyectos como Romero, de la empresa GoldQuest, en San Juan. Sin embargo, en su intervención, Muñoz planteó un criterio general para la evaluación de proyectos mineros, sin limitar su respuesta a una decisión definitiva sobre esa iniciativa.
Su posición apunta a que las decisiones sobre la explotación de recursos minerales deben adoptarse después de examinar los resultados de los estudios correspondientes y someterlos a la consideración de las autoridades competentes.
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