Santo Domingo.- Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) no lograron facturar ni cobrar el equivalente al 44.1 % de la energía que adquirieron durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con el informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales correspondiente a julio, publicado por el Ministerio de Energía y Minas.
El volumen de energía comprada por las distribuidoras ascendió a 12,072.1 gigavatios hora (GWh) entre enero y julio. De esa cantidad, 4,814.9 GWh no fueron facturados, lo que representa el 39.9 % de las compras realizadas durante ese período.
A esa proporción se agregan otros 508.8 GWh que, aunque llegaron a facturarse, no fueron cobrados. Esta cantidad equivale al 4.2 % de la energía adquirida por las empresas.
De los 7,257.2 GWh facturados, las distribuidoras consiguieron cobrar 6,748.4 GWh. La diferencia entre la energía facturada y la efectivamente cobrada, sumada a la que no llegó a facturarse, explica el 44.1 % de pérdidas señalado en el informe.
El comportamiento responde a distintos factores. Entre ellos figuran las pérdidas técnicas relacionadas con la infraestructura de distribución y las no técnicas, que incluyen el robo de electricidad y las dificultades para recuperar el pago de la energía suministrada.
La situación financiera de las distribuidoras también se refleja en los recursos que reciben del Gobierno central. Hasta agosto de 2026, las transferencias estatales destinadas a las EDE sumaron RD$77,926.0 millones, monto equivalente al 84.6 % de los RD$92,124.2 millones presupuestados para el conjunto del año.
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A partir de ese nivel de ejecución, el análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) plantea que la asignación prevista podría no ser suficiente para cubrir las necesidades de las empresas durante 2026.
La entidad considera que las transferencias al cierre del año podrían alcanzar una cifra similar a los RD$116,394.7 millones contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027.
El Crees vincula la persistencia de las pérdidas eléctricas con la necesidad de atender los problemas estructurales de las distribuidoras, pese a los recursos públicos que reciben para sostener sus operaciones.
En su análisis, advierte que mientras las EDE dependan de las transferencias del Gobierno central para cubrir sus déficits, los contribuyentes continuarán asumiendo el costo de las ineficiencias del sistema.
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