Colombia plantea una política pública para proteger la distribución de combustibles

Santo Domingo, República Dominicana.— El gremio de estaciones de servicio de Colombia busca impulsar una política pública específica para la distribución minorista de combustibles, con el objetivo de proteger la viabilidad económica de los establecimientos y garantizar el abastecimiento en los territorios donde la red depende de pocos operadores.

La propuesta fue presentada por David Jiménez Mejía, presidente y vocero gremial nacional de SOMOS UNO, durante el panel “Gremios Internacionales. Visión Regional” de la Cumbre de Estaciones de Servicio Caribe 2026.

Jiménez sostuvo que el debate sobre combustibles suele concentrarse en el precio de venta y en las decisiones sobre subsidios e impuestos, mientras deja en segundo plano las condiciones económicas de las estaciones que atienden al consumidor final.

“Nosotros también tenemos un problema de identidad. No somos petroleros, no somos refinadores, no somos transportadores, nosotros somos comerciantes que atendemos al consumidor final con un producto terminado”, expresó.

El dirigente presentó cifras para dimensionar la estructura del sector colombiano. Según indicó, el país cuenta con 6,400 estaciones de servicio, pertenecientes a 4,231 propietarios. De estos empresarios, el 85% tiene una sola estación, mientras que la mitad de los establecimientos vende menos de 37,000 galones mensuales.

A su juicio, los márgenes regulados no cubren adecuadamente los costos de operación de las estaciones que comercializan volúmenes reducidos. Por ello, planteó que el Gobierno no establezca un margen único, sino que considere mecanismos que permitan mejorar la remuneración de los establecimientos más pequeños.

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El abastecimiento de municipios depende de una sola estación

El argumento del gremio también se apoya en la función de la red para la movilidad y el suministro de combustible. Jiménez indicó que 223 municipios colombianos dependen de una sola estación de servicio.

En esos lugares, el cierre de ese establecimiento podría comprometer el abastecimiento de vehículos particulares, motocicletas y unidades que prestan servicios esenciales.

El representante también señaló que Colombia tiene alrededor de 21 millones de vehículos, de los cuales 7 millones son automotores y 14 millones motocicletas. En su planteamiento, la distribución minorista debe ser tratada como un servicio público cuya cobertura requiere condiciones económicas sostenibles.

La propuesta de SOMOS UNO es que la política de combustibles no se limite a la fijación del precio por galón, sino que incluya la planificación de la red de estaciones, su distribución territorial y la rentabilidad del último eslabón de la cadena.

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