Santo Domingo.- La República Dominicana prevé terminar 2026 con un déficit fiscal de RD$365,968 millones, equivalente al 4.2 % del producto interno bruto (PIB), luego de que el Poder Ejecutivo sometiera al Congreso Nacional una modificación presupuestaria que eleva en casi un 30 % la proyección inicial de desequilibrio de las cuentas públicas.
El nuevo porcentaje, presentado por el presidente Luis Abinader, supera la estimación anterior de 3.24 % del PIB y supone alrededor de RD$83,700 millones adicionales. La revisión se produce en medio de las presiones que representan los subsidios a los combustibles, las transferencias al sector eléctrico y el encarecimiento de los hidrocarburos en los mercados internacionales.
El incremento de la previsión ocurre pese a que las recaudaciones tributarias registraron un crecimiento interanual de 10.5 % y a los ingresos adicionales obtenidos mediante las medidas fiscales aprobadas a mediados de año.
Déficit dominicano frente a las previsiones regionales
Las estimaciones recopiladas por el Banco de Guatemala sitúan a República Dominicana por encima de los porcentajes previstos para varios países centroamericanos. Costa Rica proyecta un déficit de 3.7 % del PIB; El Salvador, de 2.3 %; y Honduras, de 1 %. Para Belice se estima un desequilibrio de 1.49 % durante el ejercicio fiscal 2026-2027, mientras Nicaragua contempla un superávit.
Las cifras de Guatemala y Panamá requieren comprobaciones adicionales para completar la comparación centroamericana.
En el resto de Latinoamérica, el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus proyecciones de octubre de 2026, calcula déficits de 8.1 % del PIB para Brasil, 6.9 % para Colombia y 4.2 % para México.
Brasil, Colombia y México son productores de petróleo, a diferencia de República Dominicana, cuya economía depende de las importaciones de hidrocarburos. No obstante, disponer de producción petrolera no asegura por sí solo un equilibrio presupuestario, debido a las obligaciones de gasto, el servicio de la deuda y las condiciones fiscales particulares de cada país.
La comparación requiere considerar que las proyecciones del FMI corresponden al Gobierno General, mientras que el 4.2 % presentado para República Dominicana se refiere al Gobierno Central.
Antes de la modificación presupuestaria, el organismo internacional estimaba para el país un déficit del Gobierno General de 3.64 % del PIB. Por esta diferencia en las coberturas institucionales, los porcentajes no permiten establecer una clasificación regional estrictamente homogénea.
Subsidios energéticos superan los RD$140,000 millones
Una parte importante de las presiones presupuestarias está vinculada a las partidas destinadas a contener los costos de la energía y otros bienes y servicios.
De acuerdo con la comunicación presidencial que acompaña la modificación presupuestaria, los subsidios a los combustibles superan los RD$44,000 millones, mientras que las transferencias al sector eléctrico sobrepasan los RD$96,000 millones.
El documento también contempla RD$3,400 millones para el transporte y más de RD$2,150 millones destinados a fertilizantes importados. En conjunto, estas intervenciones representan más de RD$145,550 millones.
El Gobierno sostiene que esos recursos han servido para reducir el impacto de los precios internacionales sobre los consumidores y las empresas, aunque su financiamiento supone una presión considerable para las cuentas públicas.
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Gobierno propone suspender la regla de responsabilidad fiscal
La modificación presupuestaria incluye nuevas apropiaciones de gastos por RD$54,100 millones y plantea dejar sin aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026 la regla de responsabilidad fiscal contemplada en la Ley 35-24, aprobada hace dos años.
Para financiar el aumento del déficit, el Ejecutivo afirma que más del 60 % de los recursos procederá de disponibilidades acumuladas en ejercicios anteriores, por lo que esa proporción no generaría nuevas obligaciones de deuda.
Sin embargo, el uso de esos fondos permite cubrir las necesidades presupuestarias actuales, sin que ello implique una reducción del déficit, y limita las disponibilidades que podrían utilizarse en períodos posteriores.
El escenario deja planteado para 2027 el desafío de reducir el desequilibrio fiscal y restablecer la aplicación de la regla de responsabilidad fiscal, mientras continúan las presiones asociadas al gasto energético y las transferencias al sector eléctrico.
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