La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha revelado que actualmente existen 608 empresas y personas debidamente autorizadas para la importación y comercialización de vehículos nuevos y usados en la República Dominicana. Sin embargo, se estima que operan miles de «empresas» que se dedican a estas actividades sin la debida autorización, lo que plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la regulación en el sector automotriz del país.
Para abordar este problema, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 420-23 el 18 de septiembre del año pasado, estableciendo un reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y Remolques. Este reglamento tiene como objetivo regular los procedimientos del registro, la emisión, renovación y revocación de licencias, y la clasificación de placas conforme a lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Detalles y especificaciones del decreto
En su portal web, la DGII ha publicado una lista detallada de las empresas y personas físicas con licencias activas para llevar a cabo labores de importación y comercialización de vehículos de motor. El reglamento-decreto establece tres categorías de licencias en relación con estas actividades:
- Licencia de concesionario importador: para personas jurídicas o físicas designadas por el fabricante de los vehículos de motor y remolques para actuar como distribuidores autorizados en el país.
- Licencia de distribuidor importador: para personas jurídicas o físicas que importan vehículos de motor y remolques para su reventa en el mercado local.
- Licencia de vendedor o comercializador: para personas jurídicas o físicas dedicadas a la compra y venta de vehículos de motor y remolques en el país.
La DGII aclara que un concesionario o un distribuidor importador puede dedicarse también a la actividad de vendedor o comercializador sin necesidad de una licencia adicional. Sin embargo, un vendedor o comercializador que desee actuar como concesionario o distribuidor importador debe obtener la licencia correspondiente.
El desafío de las operaciones ilegales
A pesar de estas regulaciones, la DGII enfrenta el reto de combatir la proliferación de empresas no autorizadas que operan en el mercado automotriz. Estas entidades ilegales no solo evaden impuestos, sino que también representan un riesgo significativo para los consumidores, quienes pueden estar adquiriendo vehículos sin las garantías y la calidad asegurada por los concesionarios y distribuidores autorizados.
El registro de la DGII muestra que solo 608 entidades están oficialmente reconocidas y cuentan con las licencias necesarias para operar en el sector. Esto contrasta fuertemente con la realidad del mercado, donde se estima que miles de «empresas» no registradas realizan actividades comerciales sin ningún tipo de regulación.
