La Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, promulgada en 2020, ha generado un cambio significativo en el enfoque del país respecto a la gestión de residuos y el aprovechamiento de estos para la producción de energía renovable. Este avance es fundamental en un contexto de creciente preocupación sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética, con un impacto directo en la industria energética nacional.
El país enfrenta desafíos considerables en términos de residuos sólidos, con una producción diaria de aproximadamente 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU). Sin embargo, la Ley 225-20 establece un marco de incentivos fiscales para promover las inversiones en el sector, y contribuye al impulso de iniciativas que convierten residuos orgánicos, como el estiércol de cerdos y las aves ponedoras, en biogás y metano. Estos biocombustibles están comenzando a utilizarse en diversas instalaciones agropecuarias, como granjas y mataderos, en todo el país.
Incentivos fiscales para la inversión en residuos
El artículo 46 de la Ley 225-20 ofrece beneficios tributarios claves para las inversiones en gestión de residuos, tales como la exoneración del 100% del Impuesto sobre la Renta (ISR) y exoneración del ITBIS y aranceles para la maquinaria y equipos necesarios en el tratamiento de residuos. Estos incentivos, que se aplican por un período de cinco años desde la promulgación de la ley, permiten a las empresas aumentar su capacidad de producción de energía renovable sin la carga de impuestos tradicionales.
A través de este enfoque, se espera que los residuos generados a nivel nacional no solo se gestionen de manera más eficiente, sino que también se conviertan en una fuente de energía alternativa para suplir las necesidades energéticas internas de las instalaciones agropecuarias y otros sectores.
Un sistema de financiación verde: el Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos
Otro aspecto clave de la ley es la creación del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos, un instrumento financiero que canaliza contribuciones especiales obligatorias para proyectos que gestionen residuos sólidos, estaciones de transferencia, vertederos, y el cierre de vertederos a cielo abierto. La Ley también contempla la emisión de Bonos Verdes por parte del fideicomiso, que permiten financiar proyectos de energía verde con un enfoque en la reducción de emisiones de CO2.
Este fideicomiso ya impacta el 40% de los residuos generados en el país, una cifra que podría aumentar significativamente si las instalaciones existentes se reactivan, dado que muchas de ellas operan a menos del 50% de su capacidad.
Si bien la Ley 225-20 ha abierto una puerta importante para la bioenergía a través de la conversión de residuos orgánicos en biogás y metano, todavía existen desafíos logísticos para maximizar su potencial. Los residuos agrícolas, agroindustriales y agroforestales, como el bagazo de caña, la pulpa de café y la cáscara de arroz, representan una fuente rica de biomasa que aún no se está utilizando en su totalidad para la producción energética. Además, se ha identificado que los vertederos a cielo abierto, que aún suman alrededor de 358 en todo el país, complican la medición precisa de la cantidad de residuos generados.
La gestión eficiente de los RSU requiere un enfoque integral, con nuevas estaciones de transferencia y rellenos sanitarios que ayuden a manejar la creciente cantidad de residuos generados. En este sentido, las inversiones en infraestructura logística, junto con la implementación de la ley, podrían transformar a la República Dominicana en un líder regional en la generación de energía renovable a partir de residuos.
