El sistema eléctrico de la República Dominicana se encuentra en una crisis profunda. En 2024, las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) registraron pérdidas del 42.2%, la cifra más alta en 15 años. Este dato no solo es alarmante, sino que revela la ineficiencia y la insostenibilidad de un modelo que, pese a todo, sigue siendo financiado con los impuestos de los ciudadanos.
El sector privado está dispuesto a participar y existen normativas para regular su intervención. El Estado, por su parte, necesita mejorar sus finanzas y garantizar la estabilidad energética. La privatización de las EDE podría ser una solución, pero requiere un enfoque serio y una planificación adecuada.
Las pérdidas de las EDE impactan directamente las finanzas públicas, por ende, la de los ciudadanos que consumen y pagan servicios. El Gobierno proyectó RD$86,844.8 millones en subsidios, al final del 2024 esa cifra ascendió a RD$105,376.5 millones, recursos que podrían haberse destinado a sectores como salud, educación o seguridad. Esta realidad es insostenible y debe cambiar.
Sin reformas estructurales, el país seguirá destinando grandes sumas a un sistema eléctrico que no mejora.
El deficiente servicio eléctrico no solo afecta a los hogares, sino también a la competitividad de las empresas, frenando el desarrollo económico del país. La falta de energía confiable aleja a inversionistas y limita el crecimiento.
El Gobierno no puede seguir esperando; es momento de tomar decisiones firmes y realizar los cambios necesarios para asegurar un futuro energético más estable y sostenible.
En el contexto actual, el gobierno podría explorar alternativas como la mejora en la gestión de la infraestructura, potenciar las medidas para la reducción del fraude y una mayor colaboración con el sector privado sin necesidad de grandes desembolsos. Sin embargo, esto solo será efectivo si se implementan cambios profundos en la administración del sector eléctrico.
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