El robo de energía eléctrica continúa siendo un desafío crítico para las autoridades dominicanas. Según datos ofrecidos por las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edes), en el primer trimestre de 2025 se recuperaron más de 8.39 gigavatios hora (GWh) de energía y se generaron cobros por más de RD$102.25 millones como resultado de operativos para detectar y frenar el fraude eléctrico.
El problema, sin embargo, va más allá de los sectores populares. Así lo afirmó Euri Andújar, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales de Herrera (Aneih), quien denunció que el robo de energía es una práctica extendida en todos los niveles sociales, incluyendo empresas de diferentes tamaños.
“No solamente los pobres, aquí la luz se la están robando en todos los sectores. Si una Ede factura y el 40% es pérdida, significa que los pobres no consumen el 40%. Ahí hay muchos sectores, pequeñas, medianas y grandes empresas que no pagan”, afirmó Andújar.
Una práctica con consecuencias legales severas
Pese a su frecuencia, muchas personas desconocen que el hurto de electricidad constituye un delito grave, tipificado por la Ley General de Electricidad (125-01) y el Código Penal Dominicano. Las sanciones pueden incluir multas de hasta 5,000 salarios mínimos y penas de prisión de hasta 10 años, dependiendo de la cantidad sustraída y del método utilizado.
De acuerdo con las Edes, no solo se intensificará la vigilancia en zonas residenciales y empresariales, sino que se tomarán acciones legales directas contra los usuarios implicados en manipulaciones o conexiones ilegales. La Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) es la institución responsable de perseguir judicialmente estos fraudes.
Sanciones
En la República Dominicana, dañar o manipular intencionalmente las infraestructuras eléctricas —líneas, redes, subestaciones, centrales o equipos— para interrumpir el servicio o robar materiales es un delito grave llamado Atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Las penas pueden ir de 3 a 10 años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos.
Pero además, el fraude eléctrico —es decir, sustraer energía sin pagar— se sanciona con diferentes penas dependiendo de la cantidad o potencia robada:
Para consumos en Baja Tarifa Simple:
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Si la energía sustraída es menos de 1,000 kWh: prisión de 3 a 5 días o multa de 3 a 5 salarios mínimos, o ambas.
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Si es entre 1,000 y 2,000 kWh: prisión de 5 a 10 días o multa de 5 a 10 salarios mínimos, o ambas.
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Si es más de 2,000 kWh: prisión de 10 a 20 días o multa de 10 a 20 salarios mínimos, o ambas.
Para consumos en Tarifa con Demanda (consumos más grandes):
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Hasta 20 kW sustraídos: prisión de 3 a 6 meses y multa de 40 a 80 salarios mínimos.
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Entre 20 kW y 50 kW: prisión de 6 meses a 1 año y multa de 80 a 160 salarios mínimos.
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Entre 50 kW y 100 kW: prisión de 1 a 2 años y multa de 160 a 320 salarios mínimos.
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Más de 100 kW: prisión de 3 años y multa de 320 a 5,000 salarios mínimos.
Estas sanciones buscan proteger el sistema eléctrico nacional y garantizar un servicio justo para todos. Manipular las redes eléctricas sin autorización también es un delito que puede sancionarse con prisión de 3 a 5 años o multas de 20 a 50 salarios mínimos.La acción penal en estos casos es pública y se persigue automáticamente, sin necesidad de denuncia privada.
Un costo que afecta el presupuesto de los hogares
El impacto de esta situación no se limita al sistema eléctrico, sino que repercute en el bolsillo de los ciudadanos que sí pagan por el servicio. La factura eléctrica representa un gasto significativo en el presupuesto de las familias dominicanas, especialmente entre las clases pobres y medias, quienes además enfrentan el efecto indirecto de estas pérdidas en forma de tarifas más altas o servicios inestables.
La lucha contra el robo de energía no solo requiere una respuesta técnica y legal, sino también una transformación cultural que refuerce la responsabilidad colectiva sobre el uso y pago del servicio eléctrico. La legalidad y sostenibilidad del sistema dependen de ello.
Casos recientes
- En un operativo conjunto, PGASE y EDEESTE desmantelaron un fraude eléctrico en el Hotel La Vía, donde se detectó un subregistro del 81% en el consumo, representando una pérdida de RD$1,253,815.76.
- La PGASE logró una condena de 20 días de prisión, una multa de 10 salarios mínimos y el pago de RD$355,316 a un comerciante en San Cristóbal por alterar su medidor y sustraer 28,665 kWh.
- En otro caso, un empresario fue condenado a 3 años de prisión y una multa de 320 salarios mínimos por sustraer más de RD$2 millones en energía eléctrica para su negocio.
