El negocio de los combustibles en la República Dominicana, es uno de los pilares de la economía nacional, pero a su vez, por la estructura y características particulares de este negocio, puede llegar a ser una puerta abierta para el crimen organizado y el lavado de activos, porque las empresas distribuidoras o estaciones de servicio de combustibles, eventualmente pueden convertirse en espacios vulnerables, donde se mezclen actividades legítimas con prácticas ilícitas que propician el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, la corrupción o el contrabando.
Como es sabido, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece el marco legal para abordar este tema neurálgico. Sin embargo, su aplicación efectiva enfrenta importantes desafíos derivados de la práctica y la realidad local. Asimismo, la Ley 17-19, que regula el comercio ilícito de productos sujetos a control, incluidos los hidrocarburos, tiene como propósito prevenir y sancionar actividades ilícitas. No obstante, tanto en el lavado de activos como en el comercio ilícito, si no se conjugan la continuidad institucional, la voluntad política, una vigilancia constante y mecanismos eficientes de debida diligencia y fiscalización, sus efectos pueden resultar limitados en la lucha contra ambos ilícitos.
En el abanico creativo de métodos delictuales más comunes del lavado de activos en el sector de hidrocarburos, se puede encontrar el proceso de solicitud de habilitación para el establecimiento de nuevas estaciones, o bien la adquisición de una estación ya operativa con registro provisional o licencia de operación, sea de combustible líquido, Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV), y este lucrativo negocio de por sí, puede convertirse perfectamente en toda una fachada, pues dada la naturaleza de este negocio, se pueden justificar elevados ingresos en efectivo, que en la realidad pueden ser provenientes de actividades turbias y dudosas. Y como muestra de esta práctica, podemos referir el ventilado caso Operación Falcón, donde se identificaron estaciones vinculadas a redes de narcotráfico, demostrando la fragilidad y el atractivo que puede llegar a ser este negocio para el blanquimiento, sin levantar sospechas inmediatas, al menos.
Otro mecanismo igualmente, lo constituye el contrabando de combustibles, en distintas regiones del país, y muy especialmente en la zona sur, donde se han denunciado la existencia de un “mercado negro” de carburantes que se comercializa al margen del sistema, generando lógicamente la erosión y perjuicio tanto del empresariado que si operan dentro del marco legal, como de la recaudación fiscal, generando además una competencia desleal y estimulando la informalidad. Y todo lo anterior impacta tanto en la pérdida de ingresos millonarios, que bien administrados por el Estado pueden ser de gran utilidad, así como destruye la ya raída confianza ciudadana en las instituciones, afianzando la conocida cultura de impunidad que alimenta la corrupción sistémica de nuestra sociedad.
Sin lugar a dudas, que los responsables de que estas prácticas se generen y aumenten en nuestro país, lo constituye todos los actores que gravitan en este sector comercial, empezando por la autoridades, que aunque presentan en los medios y redes, la persecución de ilícitos en torno a la comercialización, aún tienen grandes retos y oportunidades, de exigir mayor trazabilidad, no solo en la venta ilícita, sino desde la debida diligencia al momento de que una persona física o jurídica, solicita una habilitación para estación de expendio de combustible o adquiere una ya operando, siendo necesario incluso, abordar estas habilitaciones con un criterio robusto de verificación de identidad, origen de los fondos, análisis del perfil transaccional, historial financiero y legal, así como evaluación de vínculos con actividades ilícitas o zonas de alto riesgo, que si bien es cierto no es una atribución única y expresa de la entidad reguladora en esta materia, no es menos cierto, que hace tiempo ha debido actualizarse e integrar en sus procesos o bien entrelazarlos, con la Unidad de Análisis Financiero (UAFA) de la República Dominicana, que es el organismo encargado de recibir, analizar y transmitir información financiera con indicios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros delitos financieros, pudiendo ser el mecanismo para prevenir estas prácticas, pero para esto, se requiere voluntad y asumir el costo de trasparencia que quizás no sea una prioridad, por múltiples razones, inferimos.
Otros mecanismos que se implementan en países que al menos intentan refrenar el lavado de activos a cargo de los órganos especializados de los estados, son además de la regulación y habilitación estricta y licenciamiento, los reportes financieros y monitoreo de transacciones, la trazabilidad y control logístico, y otras iniciativas de coordinación interinstitucional entre los entes que regulan los diversos aspectos que intervienen en esta cadena, sin dejar fuera el sistema sancionador y judicial, con todas las medidas y sanciones tipificadas.
Del mismo modo, y amén de la normativa, resulta igualmente necesario fomentar una cultura empresarial ética, donde el éxito no dependa de quién tiene mejores conexiones ilícitas, sino de la eficiencia y la legalidad, por que sin duda alguna, no podemos ser cómplices silenciosos, de que la realidad del lavado de activo en el sector combustibles es una amenaza real a la justicia social y al desarrollo del país, pues como Estado, como sector privado y como ciudadanos, debemos velar y garantizar que cada galón de combustibles vendido contribuya al progreso y no al delito.
La autora es abogada, experta licencias de combustibles, auditora certificada en ISO 37301 Compliance, ISO 37001 Antisoborno e ISO 22301 de Continuidad de Negocio.
