A pesar de ser una de las fuentes más sólidas de recaudación del fisco dominicano, los impuestos aplicados a los combustibles han ido perdiendo peso relativo dentro del presupuesto nacional.
En 2024, el Estado dominicano recaudó más de RD$98,000 millones por impuestos a los combustibles, pero esa cifra representa una proporción menor del total que tenía hace una década.
El sistema tributario dominicano impone múltiples cargas sobre cada galón de combustible consumido. Entre ellas se destacan:
- Impuesto específico: un monto fijo que varía por tipo de combustible (RD$47.80 por galón de gasolina regular).
- Impuesto ad valorem (16 %): aplicado sobre el precio de paridad de importación.
- Cargo fijo de RD$2 por galón, establecido por la Ley 112-00.
- Contribución al GLP: un tributo específico para el gas propano, que genera más de RD$10,000 millones al año.
En conjunto, estos tributos aportaron RD$98,388 millones al fisco en 2024, una cifra superior a la registrada en 2023 (RD$90,840 millones).
Una recaudación creciente, pero menos determinante

Aunque el ingreso total ha crecido, su participación en el presupuesto estatal y en el Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido:
- En 2012, estos impuestos representaban el 1.78 % del PIB. En 2024, cayeron a 1.33 %.
- En proporción de los ingresos totales del gobierno, pasaron de 9.3 % en 2022 a 8.2–10.1 % en 2024, dependiendo de la fuente.
La principal razón: la recaudación general del Estado ha crecido más rápidamente que la de los combustibles, gracias al aumento en impuestos como el ITBIS, el Impuesto Sobre la Renta y los aportes de zonas francas.
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Impacto en la población: ¿Quién paga más?
Aunque estos impuestos tienen un fuerte peso recaudador, también generan tensiones sociales, ya que afectan de manera desigual a los distintos sectores de la población. El costo del combustible incide directamente en el transporte público, el precio de los alimentos y otros bienes esenciales.
En zonas rurales, donde la movilidad depende casi exclusivamente de motores o vehículos privados por falta de transporte público, el impacto es incluso mayor. Y aunque existen subsidios, muchos de ellos no llegan a quienes más los necesitan.
Subsidios que no compensan

En 2024, el Gobierno dominicano destinó RD$18,568 millones en subsidios para contener los precios de los combustibles. A pesar de lo significativo del monto, representa apenas el 18.9 % de lo que el Estado recaudó por esa misma vía.
Además, existe un fondo especial recaudado a través del cargo fijo de RD$2 por galón, que por ley debería financiar el transporte público y el mantenimiento de infraestructura vial. Sin embargo, no hay evidencia clara de que esos recursos estén siendo usados para esos fines.
El dilema: mantener, reformar o transformar
La Ley 112-00, que establece estos impuestos, ha sido criticada por su falta de actualización y por no responder a los desafíos actuales del país, tanto en términos fiscales como ambientales.
Uno de los principales problemas es que el impuesto específico no ha sido indexado por inflación desde 2015, lo que ha erosionado su peso real en el tiempo. Además, el modelo tributario no fomenta un uso eficiente de la energía ni premia el cambio hacia fuentes más limpias. La alternativa, sin embargo, no es sencilla.
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Eliminar o reducir estos impuestos crearía un déficit fiscal inmediato que el gobierno tendría que compensar con nuevos tributos o ajustes presupuestarios. Por eso, cualquier reforma requeriría una discusión profunda y bien planificada.
Los impuestos a los combustibles siguen siendo una fuente de ingresos poderosa para el Estado dominicano. Sin embargo, su peso relativo ha disminuido, su estructura no se ha modernizado y su impacto social genera cuestionamientos sobre justicia fiscal y sostenibilidad ambiental.
En un país que apuesta por la movilidad eléctrica y la transición energética, esta fuente de recaudación, por ahora confiable, podría verse en riesgo si no se toman decisiones estructurales a tiempo.
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