Esa ha sido la pérdida de ingresos del Estado dominicano durante 2018 – agosto 2025 luego de la conversión del Impuesto Mínimo Anual (IMA) que se aplicó a Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) en un adefesio impositivo irrelevante. Esta conversión se verificó a partir del 1ro. de enero de 2017, cuando el IMA fue redefinido como “tope” equivalente al 90% de la suma del Impuesto sobre la Renta Corporativo (ISR) y el Impuesto sobre Beneficios Netos designado como Participación de las Utilidades Netas (PUN). Esa transformación ha impedido que el Estado dominicano se haya beneficiado de los aumentos en los precios del oro en la proporción que había establecido el IMA que, hasta diciembre de 2016, operó como lo que era y debió haber sido siempre: un impuesto mínimo determinado como porcentaje de los ingresos brutos de exportación de oro y demás metales extraídos por PVDC.
En 2018, si se hubiese aplicado la tasa del IMA que correspondía al precio de cada embarque de PVDC, la cual arrojó un promedio ponderado de 17.17%, el Estado dominicano habría recibido US$228 millones de impuestos, excluyendo la Renta Neta de Fundición (RNF). Producto de la metamorfosis que sufrió el IMA, la cual evaporó el calificativo de mínimo, la tasa efectiva de tributación (TET = ISR + PUN como % de los ingresos brutos de exportación) fue de solo 9.75%, pues el Estado solo cobró US$129.5 millones. En un santiamén, el Estado perdió casi US$100 millones. En 2019, la tasa promedio ponderada del IMA que habría correspondido aplicar fue de 19.72%; sin embargo, la TET apenas llegó a 10.89%. De nuevo, el Estado dejó de recibir US$125.5 millones. En el período 2022-2024, la pérdida de ingresos fiscales provocada por la migración del IMA desde la geografía de los “impuestos mínimos” al desierto de los “gravámenes topes absurdos”, se tornó gigantesca: US$618 millones.
Mientras las tasas de IMA que habrían correspondido aplicar en 2022, 2023 y 2024 fueron 25.01%, 26.34% y 29.54%, respectivamente, las TETs pagadas por PVDC apenas alcanzaron 12.61% en 2022, 6.85% en 2023 y 13.39% en 2024, muy por debajo de las tasas del IMA que hubiese tenido que pagar PVDC si, a partir de 2017, la condición de impuesto mínimo del IMA no hubiese sido decapitada.
En los primeros ocho meses de este año, el Estado dominicano habría cobrado US$432.9 millones si el IMA hubiese operado como todos los impuestos cuyo calificativo de “mínimo” implica que es el monto “mínimo” a pagar. El Estado, sin embargo, tuvo que conformarse con los US$286 millones que pagó PVDC por concepto de ISR y PUN en enero – agosto de 2025. Como se observa, el IMA solo sirve para ser enmarcado junto a las demás figuras impositivas totalmente improductivas de nuestro sistema tributario.
En otras palabras, si la TET correspondiente a enero-agosto de 2025, ascendente a 21.36%, se mantiene durante todo el año, PVDC terminaría pagando unos US$475 millones de un total de ingresos brutos por exportaciones de US$2,225 millones en 2025. Si el IMA hubiese retenido su característica de impuesto “mínimo”, el Gobierno habría percibido ingresos fiscales de PVDC por US$721 millones (excluyendo la RNF), al aplicarse una tasa promedio ponderado de IMA de 32.41% determinada por el precio promedio de exportación del oro en 2025, muy por encima de la TET de 21.36% que PVDC terminará pagando sobre los ingresos brutos de exportación.
¿Podemos hacer algo? Claro que sí. Lo primero sería, en caso de que no se haya hecho, contratar los servicios de firmas expertas que colaboren con las autoridades fiscales en la revisión intensa y profunda de: (1) los costos de venta de los años 2018-2025 reportados por PVDC; (2) los gastos de depreciación anuales y acumulados a partir de la reducción acordada en la inversión de US$4,477.4 millones a US$3,795.5 millones al 31 de diciembre de 2012 durante la negociación del Gobierno dominicano y PVDC del 2013, al no reconocerse pérdidas operativas netas y/o intereses capitalizados por PVDC por un total de US$681.9 millones; (3) verificación de que los gastos financieros son compatibles con la reducción acordada por las partes de la tasa de Libor (6 meses) + 9.90% que estaba cobrando PVDC a Libor (6 meses) + 3.00%; y (4) la reducción en los costos de energía inducidos por la migración de la planta de generación Quisqueya I, propiedad de PVDC, de fuel oil a gas natural.
Simultáneamente, el Gobierno dominicano, dada (1) la distorsión que se originó a partir del 1ro. de enero de 2017 con la migración del IMA desde la geografía de los impuestos “mínimos” a la geografía de los tributos “inconsecuentes”; (2) el aumento extraordinario de los precios del oro en el mercado mundial, el cual cerró en US$3,880/oz el pasado viernes, muy por encima de los US$3,000/oz que en 2013 se plasmó como precio casi inalcanzable para conformar la tabla del IMA, y que ahora se proyecta que alcanzaría US$5,000/oz en el futuro cercano; y (3) la necesidad urgente que tiene el Gobierno de mejorar la sostenibilidad de sus finanzas evitando, por el momento, una reforma tributaria que reduzca sensiblemente la demanda agregada y profundice la desaceleración económica, debe invitar a PVDC a una necesaria negociación que tenga como objetivo racionalizar el IMA que se estableció en la Resolución No. 144-13 que aprobó la Segunda Enmienda del 5 de septiembre de 2013, al Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros del 25 de marzo de 2002. El objetivo a perseguir por el Estado dominicano debe ser la restauración de la tabla de las TASAS DEL IMA INICIAL APLICABLES, eliminando el término INICIAL, borrando el período “Nov. 2012-2016” establecido en la tabla y ampliando los rangos de precios hasta US$10,000/oz, con incrementos en la tasa del IMA de 0.15 p.p. por cada US$50/oz, de manera que la tasa alcance 38.55% cuando el precio llegue a US$5,000/oz y 53.55% cuando alcance US$10,000/oz.
La incertidumbre generada por la inconformidad de la actual Casa Blanca con la independencia de la FED; su coqueteo con las criptomonedas de todo tipo, incluyendo las “stablecoins”; las evidencias de que el dólar y el sistema de pagos de Occidente pueden ser utilizados como armas económicas; la volatilidad de la política comercial estadounidense y uso de los aranceles como instrumentos de presión política; la evidente imposibilidad de los demócratas y republicanos de sentarse para acordar una reforma integral de los gastos e ingresos fiscales del Gobierno General que desacelere de manera significativa el crecimiento de la deuda pública y la colocación masiva de bonos del Tesoro de EE. UU.; y las crecientes tensiones geopolíticas, llevan a pensar que los bancos centrales del mundo irán poco a poco reduciendo la participación del dólar y aumentando la del oro en sus reservas internacionales, dada la ausencia, por el momento, de una moneda con capacidad para desplazar al dólar como moneda de reserva. Todo lo anterior apunta a que un precio de US$10,000/oz que hoy luce descabellado, antes de que termine esta década, podría exhibir una exuberante melena.
Finalmente, el Gobierno dominicano debe tener el coraje, el convencimiento y la capacidad de comunicación que se requiere para convencer al pueblo dominicano de que la minería, si nos lo proponemos, podría convertirse en uno de los tres sectores que más aporten al PIB, junto con la construcción y turismo. En Chile, con 11.7%, es el sector con mayor participación en el PIB; en Perú, con 11.8%, es el segundo que más aporta. No comprendemos el porqué a República Dominicana le toma tanto tiempo arrancar los proyectos en el sector minero. Entre la fecha de solicitud de concesión presentada por la canadiense Goldquest y la fecha de entrega de los términos de referencia (TdR) para realizar el estudio de impacto ambiental de su proyecto de minería subterránea en San Juan, al Gobierno dominicano le tomó 104 meses. Goldquest tiene como principal socio minero a Agnico Eagle, la principal empresa minera de Canadá y la segunda empresa productora de oro del mundo después de Newmont.
La también canadiense Unigold, luego de presentar a final de febrero de 2022 a la Dirección General de Minería la solicitud de concesión, sigue a la espera de los TdR para el estudio de impacto ambiental de su proyecto a cielo abierto (open pit) en Neita-Sur y subterráneo en Candelones. Si queremos ingresar con credibilidad al mapa minero mundial, debemos cambiar la “Burocracia 104” que ahoga a la minería por una “Burocracia 06”. Esto nos permitiría alcanzar la meta de duplicar el PIB entre 2025 y 2036.
