La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece límites de velocidad en las vías del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, pero en la práctica son pocos los conductores que los respetan. La señalización en muchas avenidas y autopistas es escasa o incluso inexistente, lo que dificulta que la normativa se cumpla de manera efectiva.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) precisó que los límites son fijados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en coordinación con la institución y, en teoría, deberían estar claramente señalizados en cada vía.
En ese sentido, la ley establece que los vehículos no deben superar los 30 km/h en zonas residenciales, 60 km/h en avenidas urbanas y zonas rurales, 20 km/h en zonas escolares, iglesias y cementerios, 60 km/h en túneles, elevados y pasos a desnivel, y hasta 120 km/h en autopistas y carreteras, según lo determine Obras Públicas.
En las estaciones de peaje, los vehículos deben transitar a 10 km/h en el sentido de pago y 40 km/h en el sentido de no pago, límites que buscan proteger tanto a los conductores como al personal que trabaja en estas áreas, donde la circulación se vuelve más lenta y el riesgo de accidente aumenta.
RD mantiene alarmantes cifras de siniestralidad vial
La situación adquiere especial relevancia considerando que la República Dominicana sigue registrando altas tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Según los datos más recientes del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), hasta agosto de 2025 se habían registrado 1,086 muertes y más de 56,000 lesionados, siendo los hombres y los jóvenes entre 15 y 29 años los grupos más afectados.
Las motocicletas continúan siendo el tipo de vehículo más involucrado en los siniestros fatales, mientras que los accidentes ocurren con mayor frecuencia los fines de semana y durante la noche, según los reportes del Intrant.
Estos números sitúan al país entre los de mayor riesgo vial en la región, destacando que, a pesar de la normativa vigente, la combinación de señalización insuficiente, incumplimiento de la ley y deficiencias en la educación vial mantiene las carreteras dominicanas en una situación de vulnerabilidad constante.
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Fiscalización y sanciones por exceso de velocidad
La Ley 63-17 no solo establece los límites máximos de velocidad, sino que también contempla sanciones para quienes no los respeten. Los conductores que excedan la velocidad pueden recibir multas económicas que van desde un salario mínimo hasta entre cinco y diez salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción, además de puntos en su licencia o la retención temporal del permiso de conducir.
En los tramos donde no existe señalización, los valores máximos definidos por la ley funcionan como referencia obligatoria, aunque la falta de control efectivo limita que todos los conductores cumplan con estas normas.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es responsable de supervisar que se respeten los límites de velocidad, realizar operativos de control y coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la colocación de señalización vial adecuada.
Estas medidas buscan reducir los accidentes y proteger tanto a conductores como a peatones, especialmente en avenidas, autopistas y zonas de mayor riesgo, donde la velocidad inadecuada sigue siendo uno de los principales factores de siniestralidad.
Plan piloto de radares digitales aún está en fase de ajustes
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) lanzó en marzo de este año un plan piloto para el uso de radares digitales en varias autopistas y avenidas del país, con el fin de reforzar el control de la velocidad.
Estos dispositivos, que comenzaron a operar en las principales vías de Santo Domingo y en tramos como la autopista Las Américas, permiten detectar a los conductores que superan el límite sin necesidad de detenerlos, lo que facilita una fiscalización más ágil y disminuye la exposición de los agentes en la vía.
Durante los primeros fines de semana de funcionamiento, los radares registraron más de 7,000 infracciones por exceso de velocidad, una cifra que evidenció la magnitud del incumplimiento y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. Sin embargo, aunque la tecnología ya está activa, el proceso de sanción aún depende de la validación formal de una autoridad, lo que mantiene en transición el esquema de penalización automatizada.
El piloto continúa en fase de implementación y ajustes. Las autoridades trabajan en establecer un sistema que permita notificar de forma oficial a los conductores infractores y aplicar las sanciones correspondientes, al tiempo que avanzan en la colocación de señalización en los puntos críticos.
La meta es que el país cuente con un modelo de vigilancia más moderno y efectivo, capaz de disminuir la velocidad en las vías de mayor riesgo y, con ello, reducir la alta siniestralidad que cada año afecta a miles de familias dominicanas.
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