La promulgación de la Ley No. 253-12, durante la administración del presidente Danilo Medina, marcó un punto de inflexión en la política tributaria aplicada a los combustibles fósiles en la República Dominicana, al establecer un esquema impositivo orientado a fortalecer la recaudación del Estado sin desatender la protección del consumo doméstico.
La normativa fue concebida en un contexto de consolidación fiscal y necesidad de ingresos sostenibles, con el objetivo de garantizar estabilidad presupuestaria al Estado y, al mismo tiempo, preservar el acceso a la energía para los hogares y los sectores productivos estratégicos.
La ley dispuso un impuesto específico al consumo de combustibles, aplicable tanto a los productos despachados por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) como a los importados directamente, con tasas diferenciadas según el tipo de carburante. En ese esquema, la gasolina prémium quedó gravada con RD$64.35 por galón, la gasolina regular con RD$56.93, y el gasoil regular con RD$23.92.
En contraste, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico fue excluido del impuesto, acompañado de un subsidio directo, como medida de protección al presupuesto de los hogares, particularmente de los sectores de menores ingresos.
Adicionalmente, la Ley 253-12 introdujo un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 16 % ad-valorem sobre los combustibles fósiles, con una tasa reducida de 6.5 % para el Avtur, utilizado en las turbinas de aviación, en reconocimiento a la importancia estratégica del sector aéreo para la economía nacional.
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El pago del impuesto se generaba con la primera venta, transferencia interna o importación para consumo propio, y era retenido por las empresas procesadoras, refinadoras, distribuidoras o importadoras.
La ley también creó un sistema de devolución de impuestos a las empresas generadoras de electricidad que vendieran al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) o produjeran energía para su propio consumo, asegurando el reembolso total de los montos pagados por concepto de los gravámenes. Este mecanismo buscaba equilibrar la recaudación fiscal con la estabilidad del sistema eléctrico y la protección de la economía doméstica.
Aprobada por el Senado el 2 de noviembre y por la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2012, la Ley No. 253-12 fue promulgada oficialmente por el presidente Medina el 9 de noviembre, consolidando un marco que combinaba tributación efectiva con medidas de apoyo a los consumidores y al desarrollo sostenible del país.
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